El Gobierno nacional acumula una deuda flotante de $100.000 millones en concepto de subsidios con las empresas distribuidoras de gas, producto de atrasos de entre 3 y 4 meses en los pagos del régimen de zona fría correspondientes al último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.
Esta operación devengada pero no pagada forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo para mantener el superávit fiscal sin recurrir a emisión monetaria ni colocación de nueva deuda. El mecanismo permite al equipo económico pisar los pagos para que cierren las cuentas públicas en un contexto de ingresos insuficientes.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas que pagan todos los hogares de zonas no frías, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de la industria y centrales termoeléctricas.
Estos recursos se destinan a reducir entre 30% y 50% las facturas de usuarios residenciales en zonas frías como la Patagonia, Malargüe en Mendoza, la Puna y cientos de localidades del interior que fueron incorporadas en la ampliación impulsada por Máximo Kirchner en 2021.
La extensión de beneficios desde los 900.000 usuarios originales hasta 3,4 millones provocó un salto exponencial en los costos que no logró ser cubierto por el sistema de recaudación. El fondo fiduciario, que inicialmente tenía superávit, necesitó alícuotas crecientes del 4,46% al 5,44% en 2021 hasta alcanzar el actual 7,5% desde abril de 2025.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y Conicet, el año pasado el Tesoro transfirió $40.560 millones para solventar el desequilibrio financiero del fondo. Los ingresos totalizaron $451.000 millones en 2025, con un promedio mensual de casi $37.600 millones.
La reducción de beneficiarios del régimen -perderán el subsidio quienes tengan ingresos superiores a $4 millones por grupo familiar- permitirá al Gobierno generar un margen fiscal para cancelar los compromisos pendientes. Fuentes de la industria energética confirmaron la voluntad oficial de ir achicando gradualmente la deuda en subsidios.
El atraso en pagos a proveedores forma parte del modus operandi del secretario de Hacienda Carlos Guberman para mantener el orden en la caja fiscal. Tras la devaluación inicial del presidente Javier Milei y los problemas tarifarios heredados del gobierno de Alberto Fernández, Caputo resolvió ecuaciones similares con la colocación de un bono a 14 años para pagar deudas en subsidios equivalentes a 750 millones de dólares.
Los cambios al régimen también benefician al sector energético exportador. La iniciativa oficial garantiza que las exportaciones de gas natural a la región a través de gasoductos seguirán excluidas del recargo y agrega entre las excepciones a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL).
Los integrantes del consorcio Southern Energy (SESA), como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG quedarán exentos del recargo, lo que representa un vector de competitividad para vender gas al exterior. La medida también alcanza a proyectos sin decisión de inversión, como el de YPF con ENI y Adnoc, y el de Camuzzi en Buenos Aires.
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