El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán en el estado mexicano de Oaxaca, volvió a poner en evidencia la grave situación de violencia que enfrentan las autoridades locales en esa región. El edil del Partido Acción Nacional (PAN) fue ultimado el pasado 13 de junio cuando un grupo armado le disparó en su domicilio, semanas después de haber solicitado protección tras sobrevivir a una agresión previa.
Con este crimen, se eleva a cinco el número de presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. Los homicidios han ocurrido en distintas regiones del estado y han tenido como víctimas tanto a autoridades en funciones como a quienes estaban próximos a asumir el cargo, manteniendo la atención sobre las precarias condiciones de seguridad que enfrentan los gobiernos municipales mexicanos.
El antecedente más reciente antes del crimen de Bravo ocurrió el 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, municipio de la Sierra Sur. Ese día fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal. Según las investigaciones, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra la alcaldesa y otras personas presentes. En el mismo hecho murió también un funcionario municipal.
Semanas antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Los reportes oficiales señalaron que el edil fue atacado en una emboscada junto con otras personas mientras transitaba por una zona de ese municipio de la Sierra Sur. El ataque dejó varias víctimas mortales y generó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la región.
Otro de los homicidios que conmocionó a la entidad fue el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, asesinado en octubre de 2024 luego de ser atacado con arma blanca. Ruiz Bohórquez fue localizado herido y trasladado para recibir atención médica, pero falleció a consecuencia de las lesiones.
La lista también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, asesinado en noviembre de 2022, semanas antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema normativo interno de su comunidad. Su muerte fue considerada uno de los hechos de violencia política más relevantes de ese año en Oaxaca.
Los casos registrados desde 2022 muestran que los ataques han ocurrido en diferentes regiones de Oaxaca, incluyendo la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca. Aunque las circunstancias de cada homicidio son distintas, todos tuvieron como víctimas a autoridades municipales que ocupaban o estaban por ocupar posiciones de gobierno en sus comunidades.
El asesinato de Joel Ángel Bravo ocurre en un contexto en el que Oaxaca ha registrado niveles de violencia que han llamado la atención de autoridades federales y organizaciones civiles. De acuerdo con estadísticas oficiales, la entidad se encuentra entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en México y ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad pública.
Tras el crimen ocurrido en San Miguel Amatitlán, la Fiscalía General del Estado informó el inicio de las investigaciones correspondientes y el despliegue de operativos para localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, lo que mantiene la preocupación sobre la impunidad que rodea estos crímenes contra autoridades locales.
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