La presión sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni se intensifica desde ambas cámaras del Congreso. Tras la polémica por su incremento patrimonial que incluyó ahorros en negro y operaciones con criptomonedas, la vicepresidenta Victoria Villarruel le exigió por carta que se presente este mes en el Senado, aunque él confirmó que irá recién en julio.
El conflicto escaló cuando el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, presentó una nota formal ante Villarruel recordando que hace casi un año que el Senado no recibe al jefe de Gabinete. "El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, Adorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución", señaló el legislador misionero.
Minutos después, Adorni confirmó en redes sociales que "durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno". Sin embargo, esta respuesta no conformó a Villarruel, quien ya había opinado que le parecía "una vergüenza su accionar y sus explicaciones" sobre su situación patrimonial.
Desde las filas oficialistas también llegaron críticas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, declaró que la explicación de Adorni sobre su patrimonio era "más que un error, una omisión ética".
Paralelamente, en Diputados la oposición pidió una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de obligar a las comisiones -controladas por libertarios- a reunirse y discutir los proyectos para remover al funcionario de su cargo.
Provincias Unidas presentó un nuevo proyecto de moción de censura firmado por los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau y Mariela Coletta, junto al socialista santafesino Esteban Paulón y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. El texto plantea ocho situaciones que justificarían la remoción.
Entre los argumentos, destacan que Adorni admitió públicamente haber acumulado junto a su esposa ahorros no declarados, haber mentido ante Diputados al asegurar que sus bienes estaban debidamente informados, y haber presentado declaraciones juradas rectificativas solo después del estallido público del escándalo.
El proyecto también apunta a gastos registrados durante 2025 por 408.662 dólares, deudas por 335 mil dólares y compras con tarjeta de crédito por 85 millones de pesos, "cuyo origen el funcionario no ha logrado justificar de manera consistente".
"La responsabilidad política existe precisamente para proteger a las instituciones antes de que el deterioro de la confianza pública se vuelva irreversible", argumenta el texto, que sostiene que el Congreso no puede convalidar con su silencio que quien le miente en ejercicio de sus funciones siga ocupando el cargo.
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