Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría al proyecto que busca incorporar figuras penales para combatir el vandalismo rural.
La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO), obtuvo 41 firmas sobre 66 legisladores presentes. Además, se elaboraron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro del Frente de Izquierda.
El proyecto, que tramita bajo el expediente 2248-D-2026 y fue presentado en mayo, plantea crear nuevas figuras penales vinculadas con el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y con la destrucción o daño de bienes que forman parte del proceso productivo.
Según sus impulsores, el objetivo es dar una respuesta específica a situaciones que hoy pueden quedar encuadradas como contravenciones o dentro de figuras generales del Código Penal. La reforma también puede tener efectos en la interpretación de la legislación penal en todo el país, incluida la zona metropolitana.
Durante el debate, Ardohain sostuvo que se trata de una problemática especialmente relevante para las familias que viven en zonas rurales y cuestionó lo que definió como una “visión urbanística del Código Penal”. “Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país”, afirmó, y agregó que con la iniciativa se busca que esas familias estén “un poquito más protegidas”.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. La iniciativa establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
La propuesta presume esa voluntad de exclusión cuando el predio cuenta con cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones cuando el acceso responda a una necesidad justificada, a razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente el límite con la vía pública.
“Entrar a un predio rural en la actitud que sea, con armas o con perros, es solamente una contravención”, sostuvo Ardohain durante el tratamiento. Según el diputado, esa situación genera una desprotección para quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos.
El segundo eje apunta a los daños sobre la producción. El proyecto incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión y multas vinculadas con el valor del perjuicio para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen bienes que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
Entre los elementos alcanzados se encuentran cultivos, cereales, silobolsas, ganado e instalaciones productivas. El proyecto también contempla modificaciones vinculadas con los estragos, los daños agravados y la protección de infraestructura crítica y productiva.
Además, propone cambios sobre la figura de instigación pública a cometer delitos cuando se utilicen medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
La iniciativa llega al dictamen después de haber recibido el respaldo de distintas entidades del sector agropecuario durante las reuniones previas de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Entre ellas estuvieron la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro y CARBAP, entre otras organizaciones vinculadas con la actividad.
El diputado Francisco Morchio (LLA) defendió la propuesta y sostuvo que representa un avance para quienes viven en zonas rurales. Según explicó, existen situaciones en las que personas ingresan a campos con el argumento de practicar caza y terminan involucradas en robos, agresiones o daños contra productores y trabajadores.
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