Una tendencia inesperada se registra en los centros de vacunación privados del Área Metropolitana de Buenos Aires: la demanda de vacunas contra el COVID-19 creció un 500% en las últimas semanas, pasando de 200 a 1.200 aplicaciones mensuales según datos de la cadena Vacunar.
El fenómeno contrasta marcadamente con la baja demanda en el sistema público, donde las vacunas de Pfizer basadas en tecnología de ARN mensajero siguen disponibles pero con escasa aceptación. En el sector privado, la clave del éxito está en la vacuna Arvac, de producción argentina y tecnología proteica recombinante.
"Le explicamos a la gente qué vacuna es y cómo está hecha, y ahí muchos se convencen de recibirla", explicaron fuentes de Vacunar. La diferencia tecnológica es fundamental: mientras la vacuna estadounidense puede generar efectos adversos más marcados, la opción argentina utiliza una plataforma vacunal clásica que resulta más amigable para los pacientes.
El incremento en la demanda privada coincide con el inicio de la campaña antigripal, momento en que muchas personas aprovechan para recibir ambas vacunas. El personal de salud se esmera en explicar los beneficios de mantener una dosis anual contra el virus, especialmente para los grupos de riesgo.
Esta tendencia contrasta con la situación del sistema público, donde la demanda viene en baja desde hace tiempo. Entre abril de 2024 y abril de 2026, el Gobierno recibió más de 3,5 millones de vacunas Pfizer, de las cuales solo fueron aplicadas 1,2 millón. Esto significa que apenas el 34% de las dosis adquiridas llegaron efectivamente a los brazos de los argentinos.
El problema se agrava por las características del producto: cada vial de Pfizer rinde seis dosis y una vez abierto debe utilizarse completamente, lo que genera un alto margen de descarte cuando la demanda es insuficiente. Esta situación tiene consecuencias tanto sanitarias como económicas para el sistema público.
La situación actual marca un contraste notable con los primeros años de la pandemia, cuando la vacuna de Pfizer era altamente demandada. Por estos días, el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman y al infectólogo Pedro Cahn, en el marco de la investigación por la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio estadounidense durante 2020.
El Gobierno de Javier Milei heredó un contrato con Pfizer cuyo stock pendiente sería de aproximadamente 10 millones de vacunas. Según fuentes oficiales, se estarían analizando alternativas para optimizar estos recursos, incluyendo la posibilidad de cambiar esos inmunizantes por otros medicamentos del mismo valor que tengan mejor aprovechamiento social.
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