El juez Julián Ercolini llamó a declaración indagatoria a trece exlíderes de la UOM por supuestos fraudes financieros.
La investigación apunta a multimillonarios fondos recaudados con aportes de afiliados y a la contratación de USEM SA, una firma que administró el presupuesto del gremio y su obra social.
La causa describe a USEM SA como una empresa ignota en el mercado que fue beneficiada con una comisión solo para administrar el enorme presupuesto del gremio.
La UOM está intervenida por orden judicial y una auditoría de quienes quedaron a cargo detectó más desmanejos de millones entre los ex dirigentes.
Entre los convocados figuran Abel Furlán, exsecretario general, que deberá presentarse el 17 de noviembre, y María Soledad Calle, fundadora y controlante de la firma, el 24.
María Soledad Calle es exempleada del sindicato y la fundadora y controlante de la firma que manejó los fondos multimillonarios de la UOM.
El exsecretario administrativo Osvaldo Lobato irá a declarar el 1 de diciembre, mientras que el contable Alberto Braconi lo hará el 9 de diciembre.
Alberto Braconi es experto contable y otro miembro de USEM SA, la compañía que manejó el dinero a discreción de todos los afiliados.
El sindicalista Naldo Brunelli deberá presentarse el 14 de diciembre, y José Luis Ortiz será el último en ser indagado, el 15 de enero.
Naldo Brunelli es un histórico secretario general de la UOM, mientras que José Luis Ortiz fue el hombre fuerte de los metalmecánicos.
La firma fue creada dos meses antes del contrato y recibiría multimillones de pesos mensuales, de los que cobraría una comisión del 0,5%.
El contrato entre la UOM y USEM SA se firmó en febrero de 2023 y, según la pesquisa, se mantuvo en secreto para los afiliados y para buena parte de los secretarios de seccionales.
Ercolini firmó la inhibición general de bienes de los trece convocados, por la magnitud de la maniobra y por indicios de patrimonios crecientes.
El magistrado habría sostenido que la medida busca evitar que bienes de origen ilegal cambien de propietarios para desviar la atención de la investigación.
La intervención reveló que una sección bajo sospecha entregó a USEM alrededor de 959.000 dólares en efectivo, sin documentación, para que la depositara en una caja de seguridad del Banco Nación.
El magistrado pidió un informe oficial sobre los movimientos de esa caja para guardar valores.
La medida forma parte de un expediente inédito sobre el manejo de sindicatos de la CGT y afecta a un gremio emblemático para el PJ.
La trama fue revelada por Clarín y A24, y ahora el expediente avanza con fechas de indagatoria e inhibición de bienes.
Con información de: Clarín - Último Momento.
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