Las universidades públicas de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se sumaron masivamente a la cuarta marcha federal universitaria de este martes, donde el reclamo central apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.
En un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector instaron a la Corte Suprema de Justicia a intervenir para que "no permita que el Gobierno Nacional siga incumpliendo" con esa norma que establece un piso de recursos para el sistema universitario.
El pedido, titulado "Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley", fue leído en Plaza de Mayo al término de una movilización que incluyó a estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de La Matanza y otras casas de estudio del área metropolitana.
Los universitarios alertaron que la universidad pública es "un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes". Por eso reclamaron "a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república".
Según el documento leído en la marcha, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica "una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".
La situación salarial es particularmente crítica: entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue del 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%, equivalente a "la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período".
Los directivos universitarios también denunciaron que "la crisis no es solo presupuestaria" sino que "como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación".
El recorte presupuestario afecta especialmente a las universidades del conurbano bonaerense, donde estudian miles de jóvenes de sectores populares que ven en la educación superior una herramienta de movilidad social. La Universidad Nacional de La Matanza, por ejemplo, atiende a más de 60.000 estudiantes de uno de los distritos más poblados del país.
La política salarial impuesta por el gobierno nacional "cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo", generando un "preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales", según detalla el documento universitario.
Comentarios