Los presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, presentaron una nueva maniobra judicial para frenar la investigación por lavado de dinero vinculada a una lujosa mansión en Pilar. La jugada busca evitar que se defina en qué juzgado debe tramitar el caso, una discusión que lleva seis meses sin resolverse.
La defensa de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucia Conte pidió el viernes pasado "la inmediata paralización de cualquier trámite" hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva una apelación que presentaron. El abogado Mariano Morán argumentó que todo el proceso debe suspenderse mientras el máximo tribunal no se expida.
La estrategia apunta a demorar una definición clave: si la investigación continúa en el juzgado federal de Campana -donde prefieren estar los imputados y la AFA- o regresa al fuero Penal Económico. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio de la Cámara en lo Penal Económico estaban en condiciones de resolver, pero ahora deben considerar este nuevo planteo.
En el centro de la investigación está una propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, galpón con 54 autos de lujo, cancha de paddle y otros espacios de lujo. La mansión figura a nombre de la sociedad Real Central, controlada por Pantano y Conte, pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.
Las sospechas apuntan a que el verdadero propietario es Toviggino. En la propiedad se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Además, los 54 vehículos de lujo tenían cédulas azules a nombre de familiares del tesorero, y Pantano poseía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de 50 millones de pesos mensuales.
La causa comenzó en el juzgado del juez Marcelo Aguinsky, quien planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos desviados de la AFA. Sin embargo, a pedido de la defensa, el caso pasó al juez federal de Campana Adrián González Charvay, decisión que fue cuestionada por todos los fiscales intervinientes.
A mediados de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y ordenó "con celeridad" que la Cámara Penal Económico vuelva a decidir qué juzgado debe intervenir. Pero la defensa apeló el 28 de mayo ante la Corte Suprema, presentando un recurso extraordinario que ahora genera una nueva indefinición procesal.
El fiscal Mario Villar pidió que se rechace el planteo de la defensa, mientras que la Cámara en lo Penal Económico solicitó a Casación que informe el estado de la apelación. La maniobra judicial abre una nueva incógnita sobre los tiempos de una investigación que ya acumula medio año de disputas jurisdiccionales.
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