Después de 33 años, el Gobierno nacional convocará a una licitación pública para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro, el principal nodo de transporte terrestre del país que conecta la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional.
El decreto 273/2026 declaró de interés público una iniciativa privada que permitirá desarrollar el proyecto bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado y sin comprometer recursos del Estado.
La nueva concesión tendrá una vigencia de 30 años. Durante ese período, el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación y abonando un canon mensual al Estado Nacional.
La Terminal de Retiro es el principal nodo de transporte terrestre de larga distancia del país, por donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año —con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta— y opera más de 300.000 servicios anuales que conectan Buenos Aires con todo el país y países limítrofes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de X que la licitación permitirá "modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias". Esto incluye la incorporación de nuevas dársenas y una planificación basada en el posible aumento de la demanda futura.
La medida pone fin a la concesión otorgada en 1993 a la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero y actualmente a cargo de sus herederos. Según la Secretaría de Transporte, esta concesión "con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes".
El contrato original tenía vencimiento en 2005, pero fue prorrogado de manera directa hasta 2015 sin nuevo proceso competitivo. Desde entonces, la concesión continuó sin licitación vigente: entre 2015 y 2020 operó con contrato vencido, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga con compromisos de mantenimiento de alcance limitado.
Esta situación derivó en un progresivo deterioro del servicio y reiterados problemas de funcionamiento, con deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento y condiciones inadecuadas de seguridad. Aunque a lo largo de los años se impulsaron procesos licitatorios, estos fracasaron, limitando los incentivos para realizar inversiones estructurales.
El Palacio de Hacienda será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación. Para los millones de porteños y bonaerenses que utilizan esta terminal para viajar al interior del país, la renovación representa una oportunidad de contar finalmente con una infraestructura acorde a la importancia del servicio.
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