Los subsidios estatales comenzaron a mostrar signos de recuperación en el primer trimestre de 2026, después de cuatro años consecutivos de ajuste fiscal que llevó las ayudas del Estado a sus niveles más bajos en una década. Sin embargo, tanto el Gobierno nacional como el Fondo Monetario Internacional mantienen la presión por nuevos recortes.
Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA, el gasto en subvenciones para energía, transporte y agua registró un aumento del 14% en términos reales durante los primeros meses del año, comparado con el mismo período de 2025. Este rebote se produce tras alcanzar el pico histórico de $37,1 billones en junio de 2022, durante la crisis del Frente de Todos.
Para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires, este incremento se explica principalmente por los mayores costos de abastecimiento energético, una situación que podría agravarse durante el invierno con el salto en los precios del gas licuado. Los servicios energéticos ya representan entre el 3,6% y el 5% del salario medio de una persona, dependiendo de si accede o no a subsidios.
La estrategia del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo ha sido generar una "deuda flotante" de proporciones alarmantes: el Estado nacional debe al sector eléctrico unos $12.500 millones, a las empresas de colectivos $115.000 millones y a los trenes más de $120.000 millones. Además, mantiene un atraso de cuatro meses en el pago de subsidios para el régimen de zona fría por más de $100.000 millones.
Esta deuda acumulada de más de $350.000 millones tiene consecuencias directas para los habitantes de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano: menores frecuencias en el transporte público y deterioro en la calidad del servicio. El dinero no pagado sirve para sostener artificialmente las cuentas fiscales con superávit, manteniendo los ingresos por encima de los gastos en los papeles.
Los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo advierten que los niveles actuales de subsidios son "difíciles de perforar, aún con focalización", y que el problema ya no es fiscal como durante los gobiernos kirchneristas, sino de ingresos familiares. Contando el gasto total en servicios, la proporción sobre el salario medio se eleva al 14,1%.
El interrogante que plantean desde el IIEP es si resulta sostenible continuar el ajuste de subsidios y tarifas sin una recuperación de los ingresos de los hogares, lo que podría generar "una espiral contractiva de una microeconomía fría, caída de la recaudación y la necesidad de un mayor ajuste para mantener el superávit fiscal".
Pese a estas advertencias, los técnicos del FMI insisten en su staff report en que el Gobierno debe implementar "medidas para una mejor focalización" tanto en energía como en transporte. La estimación del organismo es que Argentina podría obtener un ahorro equivalente al 0,07% del PIB en subsidios energéticos y otro 0,1% del PIB en transporte público, lo que representa unos 500 y 700 millones de dólares respectivamente.
Estos recortes se lograrían a través de nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, colectivos, trenes y agua para las familias que el Fondo considera tienen ingresos suficientes para afrontarlos, una definición que genera controversias sobre los criterios de focalización en un contexto de deterioro del poder adquisitivo.
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