El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se resiste a cumplir con la orden del juez federal Ariel Lijo de aportar una muestra de su voz para compararla con los audios que destaparon una presunta red de corrupción en el organismo estatal.
La defensa del exfuncionario libertario, integrada por Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera, prepara un planteo en el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py alegando que la medida "atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación".
El fiscal federal Franco Picardi, quien lleva adelante la investigación, había solicitado que se realice un "análisis comparativo con material indubitado" de las grabaciones que fueron difundidas públicamente y que comprometieron a varios funcionarios del organismo de discapacidad.
Las pericias estarán a cargo de la Gendarmería Nacional, que deberá determinar no solo la autenticidad de las voces sino también detectar posibles ediciones realizadas con inteligencia artificial. Los especialistas buscarán identificar si se trata de "voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática".
La orden de Lijo llegó después de que la Cámara Federal porteña revocara la decisión del anterior magistrado, Sebastián Casanello, quien había dejado en suspenso el peritaje de los audios. Casanello había subrogado el juzgado hasta febrero pasado.
Varias defensas habían insistido en avanzar con el estudio acústico, planteando la hipótesis de que los audios podrían tener un origen clandestino, como escuchas ilegales. De confirmarse esta teoría, toda la causa podría declararse nula por haberse iniciado con prueba ilícita.
El perito de parte designado por Spagnuolo, el ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, presentó sus propios puntos de pericia. Entre ellos, solicita verificar la cadena de custodia de la evidencia y requiere que Google LLC y YouTube aporten información sobre el canal de streaming donde fueron alojados los audios.
La causa involucra a 19 personas procesadas, incluyendo exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios, todos embargados por la presunta corrupción en la agencia que maneja fondos destinados a personas con discapacidad.
Tanto el fiscal Picardi como el juez Casanello habían desestimado inicialmente los audios como prueba, sosteniendo que existía material probatorio independiente y anterior a las grabaciones. Resta conocer si Lijo mantendrá el mismo criterio o dará mayor peso a las pericias técnicas que ahora se realizarán.
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