El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, recibió un nuevo revés judicial: la Cámara Federal porteña le negó el pedido para ser querellante en la causa que investiga la filtración de audios atribuidos a su persona.
La decisión confirma el rechazo del juez federal Julián Ercolini y fue dictada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, en una pesquisa paralela que indaga si hubo espionaje ilegal en la obtención y difusión de las grabaciones.
Los audios, que llegaron a la Justicia en un pendrive con 50 registros, se difundieron en la prensa y hablan de supuestos pagos de sobornos por parte de droguerías para obtener licitaciones en la ANDIS.
La investigación sobre el origen de las grabaciones se inició en septiembre de 2025, luego de su difusión. El Gobierno nacional presentó una denuncia por la posible existencia de una organización dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, obtener conversaciones privadas y luego difundirlas o manipularlas.
Desde la filtración, el ex funcionario aportó distintas versiones y sostuvo que el material fue editado con IA. Esa afirmación, al igual que la autenticidad de la voz, es materia de pericia técnica en el expediente por presunta corrupción en la compra de medicamentos.
El Tribunal consideró que Spagnuolo no puede ser considerado víctima todavía porque evita confirmar si la voz que se escucha es la suya. Eduardo Farah cuestionó que no precise si es él quien habla, qué fue dicho y qué no, ante quién, cuándo y dónde, una ambigüedad que puede tolerarse en un acusado pero resulta inconciliable con el rol del querellante.
En la otra causa, donde su rol es de principal acusado, se confirmó este martes su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y cohecho. Allí, además, se negó a aportar una muestra para cotejo, lo que complicó su pretensión de ser reconocido como víctima de las escuchas que él mismo cuestiona.
Roberto Boico sostuvo que, hasta que no se defina si la voz le pertenece, no puede pretender ser particular ofendido en una investigación cuyo objeto es establecer si hubo maniobras de captación de conversaciones de funcionarios públicos en presunta violación a la ley de inteligencia.
La defensa había argumentado que la voz del interlocutor pareciera ser la de Spagnuolo y que sería evidente que fue víctima del espionaje. Pero Eduardo Farah concluyó que la hipótesis sobre el origen de los audios es tan diversa e imprecisa que no cumple el requisito del CPPN de una relación sucinta del hecho.
En el expediente por corrupción, donde Spagnuolo y otros 18 acusados quedaron con procesamiento confirmado, el juez federal Ariel Lijo ordenó en abril una pericia técnica sobre los registros sonoros a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, para determinar su autenticidad, integridad y eventual manipulación mediante inteligencia artificial.
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