La Justicia federal puso bajo la lupa las declaraciones de Manuel Adorni sobre criptomonedas que utilizó para justificar su incremento patrimonial. El fiscal Gerardo Pollicita firmó el viernes un oficio con 22 medidas de prueba para investigar las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, "nada indica que fue el titular de la criptomoneda" y el funcionario "no acompaña documentación respaldatoria" que sustente la operación con bitcoins que declaró haber realizado entre 2014 y 2018.
El caso se originó tras la entrevista que Adorni brindó al canal LN+ y la documentación que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). En esa oportunidad, el funcionario intentó explicar cómo su patrimonio pasó de 61 millones de pesos en 2023 a más de 944 millones en 2025.
La estrategia de Adorni consistió en declarar 513.000 dólares como resultado de la venta de bitcoins que habría adquirido junto a su esposa, Bettina Angelletti, durante los años previos a su función pública. Sin embargo, esta cifra "resulta insuficiente" para los investigadores.
Los magistrados de Comodoro Py identificaron tres interrogantes centrales en la declaración del jefe de Gabinete. Primero, cómo se hizo de los 200.000 dólares que dice haber invertido inicialmente en criptomonedas, un movimiento que "no figura en ningún lado" según las fuentes consultadas.
El segundo punto de conflicto radica en que "no se sabe con qué cripto operó" para obtener la ganancia declarada. Una fuente judicial señaló que "no se entiende cómo declara la cantidad de bitcoins" porque el valor actual rondaría los 20 millones de dólares.
La tercera inconsistencia detectada es que "los números declarados no especifican la cantidad de bitcoins" ni si se trata de su equivalente en dólares, lo que genera dudas sobre la veracidad de la operación.
Durante el proceso de rectificación de sus declaraciones juradas, Adorni borró dos cifras que había consignado previamente: su patrimonio de 2023 por 61.018.251 pesos y el de 2024 por 107.894.811 pesos. Ahora, la base patrimonial declarada asciende a 622.646.891,98 pesos.
Los investigadores consideran que la documentación presentada hasta el momento es insuficiente para acreditar la titularidad de las criptomonedas. "No alcanza con declarar y volcar un número", explicó una fuente judicial, sino que debe "sustentar su origen lícito" con documentación respaldatoria.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el patrimonio de funcionarios del gobierno libertario, en un contexto donde la transparencia patrimonial se ha convertido en un tema sensible para la administración de Javier Milei.
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