La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una dura advertencia sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina, señalando que se desarrolla en un "clima de tensión" marcado por episodios que afectan directamente el ejercicio del periodismo en el país.
El informe aprobado este viernes durante la Reunión de Medio Año de la SIP sostiene que, tras un período de relativa calma, el presidente Javier Milei retomó "su costumbre de agraviar a periodistas y medios con imputaciones de corrupción, promoción de falsedades o descalificaciones personales".
Entre los casos más recientes, la entidad destacó que Milei se refirió a la periodista Liliana Franco como "pluma mugrosa" en su cuenta de X, ejemplificando el tipo de ataques que caracterizan la relación actual entre el poder político y la prensa.
El hecho más grave denunciado por la SIP fue la prohibición del ingreso de periodistas a Casa Rosada implementada desde el jueves pasado. Sin aviso previo, el Gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de medios nacionales y extranjeros desarrollar su labor informativa diaria en la sala de prensa presidencial.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) calificó esta decisión como "una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina", según consignó el informe de la SIP.
Otro punto de preocupación fue la creación en febrero de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo gubernamental destinado a desmentir supuestas noticias falsas y "operaciones" de prensa. La SIP interpretó el tono confrontativo de esta oficina y su calificación de contenidos periodísticos como "operaciones políticas deliberadas" como un factor de estigmatización hacia medios críticos.
"La reiteración de las descalificaciones exhibe un deterioro del debate público y de la relación del poder político con la prensa", advirtió la entidad, alertando que esta situación puede derivar en autocensura y otras afectaciones del trabajo periodístico.
El diagnóstico de la SIP coincide con el informe que ADEPA difundió el mes pasado, expresando preocupación por el clima de tensión entre el poder político y diversos sectores, incluido el periodismo, y destacando la importancia de preservar el diálogo y el debate público.
A nivel regional, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, alertó sobre un retroceso sostenido en las Américas, con una creciente reconfiguración autoritaria desde el poder que incluye censura previa, restricciones al acceso a la información y utilización del sistema judicial para silenciar voces críticas.
El vicepresidente primero de la SIP, Carlos Jornet, subrayó que "la crisis de la libertad de prensa está estrechamente vinculada a la falta de sostenibilidad de los medios, un factor que debilita el funcionamiento democrático", identificando un patrón extendido de hostigamiento y presiones desde el poder político.
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