El Senado busca sesionar el jueves desde las 11 para tratar la ley de salud mental y un proyecto de la UCR con beneficios fiscales para inversiones desde USD 12 millones. El encuentro entre jefes de bloque en las oficinas de la UCR dejó un preacuerdo, aunque restan saldar dudas antes de la reunión de miércoles con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Según confiaron desde La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich, se avanzó en un consenso para aprobar ambas iniciativas. El texto que quedó afuera es la sanción del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT, que el Senado aprobó en 1998 y que Diputados votó en agosto con modificaciones orientadas a laboratorios locales.
La orden del día sobre salud mental se consiguió gracias a un despacho de minoría presentado por los ahora ex kirchneristas Carolina Moisés y Guillermo Andrada, entre otros. El dictamen de mayoría generó disidencias de aliados por el artículo que prevé cooperación técnica, económica y financiera de la Nación en convenios con las jurisdicciones.
Durante la cumbre, el oficialismo se comprometió a realizar una modificación extra para que el compromiso de fondos quede más taxativo. El objetivo es amortiguar la queja de los aliados y facilitar una luz verde, aunque el escenario se mantiene abierto.
En lo técnico, el proyecto dará prioridad a médicos psiquiatras, en preferencia, sobre psicólogos en las decisiones más delicadas. Las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en esa acción.
También se ampliará el concepto de adicciones para incluir la ludopatía, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes y se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles. Quedará prohibida la práctica de manicomios, y se incorporará un plan de egreso con objetivos y seguimientos.
La puja entre profesionales generó una disputa entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud, CoFeSa. Varios integrantes insistieron hasta último momento con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
Para las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico, aunque con preferencia hacia esa especialidad, o con formación en salud mental, junto a otro firmante, apuntado a que sea psicólogo. Ese segundo profesional tendrá injerencia en la evaluación y en una potencial alta.
Un dato validado por el oficialismo indica que existen poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 infanto-juveniles, versus 100.000 psicólogos matriculados. Por eso se permitirá la teleconsulta, donde hay menor presencia de personal dedicado a la temática.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. En los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para los equipos infanto-juveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo.
El paquete también incluye el proyecto de la UCR sobre beneficios fiscales para inversiones desde USD 12 millones, una señal que el Senado busca aprobar junto a la ley de salud mental. Para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el debate pone en el centro la disponibilidad de profesionales, la financiación federal y el marco regulatorio para inversiones.
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