El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, tras una jornada marcada por las negociaciones de último momento y la tensión política en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La previa fue particularmente tensa. El kirchnerismo, al constatar que las cuentas no daban para acelerar el tratamiento, decidió retirarse del salón Arturo Illia para dejar expuesta a La Libertad Avanza en el plenario. Esta maniobra obligó al oficialismo a salir a buscar las firmas necesarias entre los senadores dialoguistas.
La jefa mileista Patricia Bullrich (Capital Federal) tuvo que abandonar de urgencia el recinto para ir a buscar al radical Flavio Fama (Catamarca), regresando juntos para completar el quórum. Otro que llegó ajustado fue el karinista Juan Carlos Pagotto, quien arribó con teléfono en mano pero cumplió con su presencia.
En medio de esta situación, la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la comisión de Legislación General, tuvo que hacerse cargo del plenario. La responsabilidad original correspondía a su compañero de bancada Agustín Coto, titular de Asuntos Constitucionales, pero el fueguino se encuentra de viaje en el exterior, lo que casi complica la actividad programada.
El texto original sufrió varias modificaciones reclamadas por los aliados. Entre los cambios más significativos se destaca la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), lo que significó una derrota para el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
También se incorporó un guiño a los gobernadores para que definan por su cuenta el límite de venta de tierras a extranjeros, y se amortiguó el texto inicial de la Casa Rosada respecto a los desalojos exprés. En el capítulo de expropiaciones, se estableció un límite máximo sobre lucro cesante del 30%, excepto que el involucrado demuestre lo contrario.
Respecto a los desalojos, se mantuvo la diferenciación entre sujetos locatarios y usurpadores. Según explicó Bullrich, 'se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días'.
Para las tierras rurales, se confirmó el mayor poder a los mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. En zonas de frontera, habrá intervención del distrito con autorización previa de Nación. Además, se 'dinamita el plazo de 60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado', en referencia a la ley de fuego impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández.
La vice de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista Florencia López (La Rioja), se quejó del apuro del tratamiento, mientras que su colega Jorge Capitanich advirtió sobre las expropiaciones y anunció que presentará una propuesta en ese sentido.
La ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy), ahora premiada con la vicepresidencia del Cuerpo, sugirió juntar los aportes de los grupos justicialistas para un nuevo encuentro la semana próxima, marcando varios contrapuntos con el dictamen oficialista.
Con este dictamen, La Libertad Avanza buscarán llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta en las próximas semanas, en lo que representa un paso clave para una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei en materia de derechos de propiedad.
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