La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la modificación del protocolo para realizar controles de identidad varietal en granos, una medida que busca proteger la propiedad intelectual de las semillas. Sin embargo, la entidad advirtió que se trata de un punto de partida y no una solución definitiva para el sector agroindustrial.
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, explicó que "es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma". La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en mejoramiento genético vegetal en el país, muchas de ellas con operaciones en la región metropolitana.
El directivo precisó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. "Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años", afirmó. Lo que sí cambia es que la norma otorga un marco legal formal al proceso.
El retraso afecta particularmente a las llamadas semillas autógamas —aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña—. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.
Los datos revelan la magnitud del problema: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó el ministro Federico Sturzenegger al oficializar la medida. Esta brecha tecnológica se replica en otros cultivos: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos.
Paseyro señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero quedan pendientes otras especies como el trigo. "Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies", indicó.
La norma, firmada por el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el presidente del Instituto Nacional de Semillas Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación. Sturzenegger la calificó como "una gran reforma estructural" que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.
El mecanismo establece la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE —entre ellos escáneres e inteligencia artificial—, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas.
Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución. No se trata de la implementación de la Ley de Semillas, un debate que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que Argentina firmó en febrero con Estados Unidos.
Para el sector, la medida genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos, en busca de marcos regulatorios más predecibles.
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