Una revelación que sacude los cimientos de la política porteña emergió este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y destapó un presunto esquema de persecución judicial contra el PRO que involucra directamente a Aníbal Fernández.
Según el testimonio de Schoklender, el abogado Eduardo Barcesat se acercó a Hebe Pastor de Bonafini con una propuesta que terminaría configurando lo que él describe como una "fábrica de denuncias". El letrado habría solicitado que la histórica dirigente de derechos humanos le transmitiera a Aníbal Fernández —quien "monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, era medio el dueño de todo"— su interés en comenzar una campaña sistemática de denuncias contra funcionarios del PRO.
"Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento", declaró Schoklender ante el tribunal. La mecánica del presunto esquema habría sido sofisticada: Barcesat "convenció a Hebe, que habló con Aníbal y se armó un centro de investigación dentro de la universidad (de las Madres de Plaza de Mayo), que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat".
Los registros oficiales confirman que en 2008, precisamente cuando Aníbal Fernández ocupaba el cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Kirchner, Eduardo Barcesat fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Esta designación habría sido la cobertura legal para el flujo de fondos públicos hacia el abogado.
La denuncia de Schoklender cobra particular relevancia en el contexto político porteño, donde durante esos años el PRO comenzaba a consolidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires bajo el liderazgo de Mauricio Macri. Las presuntas denuncias fabricadas habrían tenido como objetivo debilitar la gestión macrista y generar un clima de sospecha sobre los funcionarios del partido amarillo.
Este testimonio se produce en el marco del juicio por Sueños Compartidos, la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales y que ya había salpicado a varios dirigentes kirchneristas. Sin embargo, las declaraciones de Schoklender abren un nuevo frente que trasciende la corrupción inmobiliaria para adentrarse en el terreno de la persecución política judicial.
La figura de Eduardo Barcesat, reconocido abogado defensor de derechos humanos, queda ahora bajo la lupa por su presunto rol en este esquema. Su trayectoria en causas emblemáticas de la dictadura militar contrasta dramáticamente con las acusaciones que ahora pesan sobre él por fabricar denuncias contra opositores políticos.
Para el PRO porteño, estas revelaciones representan una confirmación de lo que muchos dirigentes denunciaron durante años: la existencia de una "mesa judicial" destinada a perseguir a la oposición mediante causas armadas. La declaración de Schoklender podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el uso de fondos públicos para fines partidarios y la instrumentalización de organismos de derechos humanos.
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