El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se incrementó nuevamente en mayo, alcanzando los $363.000 mensuales, en el marco del esquema de aumentos escalonados que el Ejecutivo nacional dispuso para los primeros meses de 2026.
La decisión se tomó por decreto presidencial tras la falta de acuerdo entre el Estado, los sindicatos y el sector empresario en el Consejo del Salario a fines de 2025. Para los trabajadores que cobran por jornada, el valor de la hora quedó fijado en $1.815.
En comparación con abril, cuando el salario mínimo era de $357.800, el incremento fue de $5.200, equivalente a una suba del 1,5%. Sin embargo, este aumento sigue por debajo de la inflación, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores.
El impacto se siente especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde millones de empleados de comercio, servicios y industria ven afectados sus ingresos. Según datos del INDEC, aproximadamente 800.000 trabajadores en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano perciben salarios cercanos al mínimo.
El SMVM funciona como una referencia clave para distintos aspectos de la economía y está contemplado como un derecho en la Constitución Nacional. Además, se encuentra regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y su actualización impacta directamente en el monto de jubilaciones, programas sociales, becas y subsidios.
A diferencia de las jubilaciones y pensiones que se actualizan automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el SMVM no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por inflación, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores.
Según la Resolución 9/2025, el salario mínimo volverá a incrementarse en junio, aunque el monto aún no fue oficializado. El Gobierno fijó los valores para los primeros ocho meses de 2026, manteniendo un esquema de aumentos graduales que busca equilibrar las demandas laborales con la estabilidad macroeconómica.
Para los trabajadores del AMBA, este ajuste representa un alivio parcial en un contexto de alta inflación, aunque las organizaciones sindicales consideran que los incrementos son insuficientes para mantener el poder de compra de los salarios más bajos.
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