Una crisis hídrica silenciosa golpea al departamento del Atlántico, donde conexiones ilegales drenan diariamente 1,5 millones de litros de agua potable de la red pública. Esta cifra equivale al consumo de 12.000 personas y compromete el suministro de miles de familias en zonas donde el acceso ya es limitado.
El problema se concentra en áreas rurales del departamento, donde redes clandestinas desvían el recurso antes de que llegue a los usuarios legítimos. La administración departamental confirmó que este volumen, que alcanza los 1.500 metros cúbicos diarios, afecta la distribución en municipios con infraestructura sensible.
José Antonio Luque, secretario de Interior de la Gobernación del Atlántico, calificó el fenómeno como un golpe directo a la seguridad hídrica. "Continuamos con los operativos contra el hurto del agua, incrementando las denuncias penales que están siendo entregadas a la Fiscalía General de la Nación", explicó el funcionario.
Los hallazgos surgieron tras operativos técnicos y policiales en Manatí, Polonuevo, Sabanagrande, Luruaco y Repelón. En estos municipios se identificaron estructuras ilegales que intervenían las tuberías para redirigir el flujo hacia predios privados, principalmente para riego y actividades agroindustriales.
En la zona rural de Manatí, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico detectó 33 conexiones ilegales dentro de fincas. Los técnicos documentaron reducciones críticas en el caudal: de 22 litros por segundo bombeados, solo cinco alcanzaron a llegar a la población, reflejando una pérdida superior al 80%.
Las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de pesos, según cifras oficiales. Cerca de 40.000 habitantes enfrentan afectaciones en el suministro, con interrupciones frecuentes y presión insuficiente en los sistemas de distribución.
La Gobernación ya identificó a los propietarios de los predios implicados e inició procesos judiciales por defraudación de fluidos, delito contemplado en el Código Penal colombiano. Las autoridades buscan establecer responsabilidades y frenar la expansión de estas prácticas ilegales.
La situación podría agravarse ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño. La reducción de fuentes hídricas y la sequía aumentarían la presión sobre un sistema que ya presenta vulnerabilidades estructurales.
Mientras en sectores rurales se detectan desvíos ilegales, en áreas urbanas y corregimientos se registran jornadas sin servicio o con baja presión. Esta contradicción evidencia fallas en el control y protección de la infraestructura, en un territorio donde la cobertura formal supera el 95%, pero la distribución efectiva enfrenta obstáculos.
Los operativos continuarán en otros municipios del Atlántico, mientras la Gobernación coordina acciones con la Fiscalía para judicializar a los responsables del hurto masivo de agua potable.
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