Un nuevo revés judicial golpeó este viernes a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Cámara en lo Penal Económico apartó al juez federal de Zárate Adrián González Charvay de la investigación por la mansión de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino, y resolvió que la causa regrese al juzgado porteño a cargo de María Straccia.
La decisión de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio de la Sala A representa un duro golpe para la estrategia judicial de Claudio Tapia y su círculo íntimo, que habían logrado trasladar el expediente a Zárate en busca de un tratamiento más favorable. El caso ahora vuelve al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, donde se había iniciado originalmente.
La investigación se desató en enero pasado tras una denuncia de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, con el apoyo del legislador Facundo del Gaiso y el dirigente Matías Yofe. El objeto de la pesquisa es una mansión ubicada en un exclusivo barrio privado de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, que habría sido adquirida por testaferros del tesorero de AFA.
El expediente tuvo un recorrido judicial zigzagueante. Comenzó en el juzgado de Daniel Rafecas, pasó al fuero Penal Económico donde intervino Marcelo Aguinsky, quien realizó diversas medidas probatorias en tiempo récord. Sin embargo, una maniobra de la defensa de Luciano Pantano -señalado como testaferro de Toviggino- logró el cambio de competencia.
El camarista federal de San Martín Alberto Lugones había resuelto apartar a Aguinsky y enviar la causa a Zárate, argumentando que el inmueble investigado está en Pilar y que AFA tiene allí su sede. Una decisión que ahora fue revertida por considerarse incorrecta desde el punto de vista jurídico.
Durante más de cuatro meses, González Charvay ordenó peritajes de larga duración y allanamientos sin tomar medidas de fondo, lo que permitió a Tapia y Toviggino llegar al inicio del Mundial de Fútbol sin ser formalmente involucrados en la causa madre. Una estrategia dilatoria que ahora queda neutralizada.
La Cámara Penal Económico consideró que el criterio utilizado para el cambio de competencia no correspondía. Los magistrados señalaron que la sede legal histórica de AFA continúa ubicada en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires y que los hechos investigados tienen naturaleza económica y financiera, por lo que deben tramitar ante el fuero especializado porteño.
Los jueces destacaron que los fiscales intervinientes coincidieron en que la investigación debía permanecer en el fuero porteño porque se trata de presuntas maniobras económicas y financieras, sin intervención de funcionarios públicos. La pesquisa involucra operaciones societarias, escrituras ante escribanos de distintas jurisdicciones, adquisición de inmuebles y transferencias de vehículos.
Un dato relevante es que la sociedad Real Central SRL -continuadora de Central Park Drinks SRL- tenía su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. En esta última empresa figuran como titulares Luciano Pantano y su madre jubilada, lo que refuerza la competencia porteña del caso.
El juzgado que recibirá nuevamente la causa está actualmente vacante, y esta semana el Consejo de la Magistratura elevó una terna de candidatos al presidente Javier Milei para su designación. Mientras tanto, la jueza Straccia continúa subrogando el tribunal.

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