El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó que hay 20 mil trabajadores en condiciones de acogerse al plan. Además, el régimen incluye una cláusula contra «la puerta giratoria»: quienes acepten dejar su cargo no podrán volver a ser contratados en la administración pública durante 8 años.
La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no está dirigido a un organismo específico, aunque excluye a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, entre otros sectores.
Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar la adhesión si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
En la difusión oficial aparece una referencia al Decreto 1023/26, mientras que la información publicada indica el Decreto 1203/2026 como norma que crea el régimen. La diferencia no modifica los requisitos centrales: cese de la relación laboral, eliminación del cargo presupuestario y restricción de reingreso por ocho años.
Para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el plan será un termómetro de la reducción del gasto público en dependencias nacionales. El universo de 20 mil trabajadores elegibles incluye agentes de distintas áreas, aunque la fuente no detalla cuántos se desempeñan en la Capital o en el conurbano.
La restricción de ocho años busca evitar que un agente reciba la compensación y vuelva a ocupar un puesto público en el mismo período. En la práctica, el Estado reduce el cargo presupuestario y limita la rotación de personal entre el sector público y el privado, aunque la fuente no especifica cómo se controlará esa cláusula.
La comparación con el plan de ANSES muestra dos caminos distintos: el nuevo régimen nacional no fija un tope de haberes y se aplica a la Administración Pública Nacional centralizada, mientras que la convocatoria de ANSES cerró en septiembre y ofrecía hasta 19 haberes brutos. En ambos casos, la restricción de reingreso es una de las condiciones más visibles.
La decisión de las autoridades de cada jurisdicción agrega un filtro operativo. Si la baja de un agente afecta la prestación de servicios, el pedido puede ser rechazado. El plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción busca ordenar la salida de los trabajadores y evitar vacíos funcionales.
Con información de: Infobae, sobre el Decreto 1203/2026.
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