Un operativo de la Policía Bonaerense en un predio rural de La Plata destapó un caso de explotación laboral que mantenía a 150 personas en condiciones de esclavitud, entre ellas 51 menores de edad y personas con discapacidad.
El allanamiento se produjo en la zona de 185 y 80 en la localidad de Los Hornos, tras una denuncia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que alertó sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate.
La Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado investigó el caso hasta que la Justicia ordenó el ingreso al predio, donde encontraron 99 adultos y 51 menores viviendo en cuatro complejos de viviendas precarias construidas con madera y chapas.
Durante la inspección, los agentes detectaron signos de hacinamiento, instalaciones improvisadas y condiciones de extrema suciedad. Entre los casos más graves, identificaron a una menor en silla de ruedas que fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia, y a un hombre de 30 años con espectro autista que tenía la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.
La fiscal María Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del Departamento Judicial de La Plata, ordenó la detención de tres personas: Verónica Tumori (54), quien se presentó como asistente social y responsable del bienestar de las familias, y Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52), presuntos integrantes de la familia propietaria del lugar.
Los tres fueron detenidos por resistencia a la autoridad y encubrimiento tras oponerse al secuestro de cuatro teléfonos celulares y mantener una actitud hostil frente al personal policial.
Según los testimonios recabados durante el operativo, la mayoría de las personas encontradas son argentinas del norte del país que llegaron como trabajadores golondrina. Las condiciones laborales eran extremas: recibían apenas $250 por cada cajón cosechado y cargado, mientras que el convenio vigente establece cerca de $50.000 por una jornada de ocho horas.
Todos los trabajadores realizaban sus tareas sin estar registrados y muchas familias completas vivían hacinadas en espacios reducidos, configurando un cuadro de explotación laboral que incluía trabajo infantil y condiciones de vida inhumanas en pleno Gran Buenos Aires.
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