La Justicia laboral falló a favor de un repartidor de pizza que fue despedido tras protagonizar una pelea con sus compañeros de trabajo en una pizzería del Gran Buenos Aires. El tribunal consideró improcedente la extinción del contrato y obligó a la empresa a readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de $37.140, además de los salarios no percibidos.
Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2025, cuando el delivery intentó retirarse del local antes de finalizar su jornada laboral alegando falta de trabajo y que debía levantarse temprano para cumplir otro empleo como chofer de colectivo. Sus compañeros le impidieron irse argumentando que quedaban tareas pendientes como cerrar la caja y limpiar el local.
La discusión escaló cuando el trabajador pidió a una compañera que hiciera las cuentas para poder retirarse, pero ella se negó hasta completar el horario. Un tercer empleado intervino defendiendo a su colega, y la situación empeoró con la llegada del encargado, quien casualmente había ido al local como cliente en su día libre.
El conflicto derivó en una pelea física que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad. Como resultado, el repartidor sufrió fracturas múltiples en las costillas y necesitó atención médica hasta septiembre. Al día siguiente, la empresa le notificó la extinción del contrato alegando que no había superado el período de prueba.
Lo que más indignó al trabajador fue que ningún otro empleado recibió medidas disciplinarias pese a haber participado en la pelea. Tras un intento fallido de conciliación, decidió recurrir a la Justicia solicitando la nulidad del despido.
El tribunal determinó que el motivo alegado por la empresa no se correspondía con los hechos probados en el expediente. La sentencia estableció que la pizzería debe elegir entre reincorporar al delivery a su puesto o abonar la indemnización correspondiente más los salarios adeudados.
El fallo aún no es firme y la empresa puede presentar recurso de casación ante la Corte Suprema en un plazo de diez días hábiles. Este caso refleja la situación de miles de trabajadores del sector gastronómico en el AMBA, donde las condiciones laborales y los conflictos internos suelen resolverse de manera arbitraria.
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