El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una pieza clave de la reforma laboral que busca reducir el trabajo en negro mediante beneficios económicos para empleadores que registren nuevas relaciones laborales. La medida, que impactará directamente en el área metropolitana de Buenos Aires, fue oficializada a través del Decreto 315/2026.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, establece condiciones específicas para acceder a reducciones en las contribuciones patronales. El régimen estará vigente desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.
Según el texto oficial, podrán beneficiarse los empleadores que contraten trabajadores que no tuvieran relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, personas desempleadas en los seis meses previos, inscriptos en el Régimen Simplificado o ex empleados públicos. Esta medida apunta especialmente a sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde el trabajo no registrado alcanza niveles preocupantes.
Los empleadores podrán incorporar trabajadores bajo este beneficio hasta un máximo del 80% de su nómina, siempre que estén inscriptos como tales desde diciembre pasado. Durante los primeros 48 meses, las contribuciones patronales se reducirán a alícuotas del 2% al 3%, según el subsistema de seguridad social correspondiente.
La reglamentación aclara que los ingresos del trabajador por otras actividades económicas no afectarán los beneficios del empleador, una disposición relevante para el sector informal del AMBA. Sin embargo, mantiene como obligatoria la contribución al Fondo de Asistencia Laboral.
El decreto establece controles estrictos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará sistemas automáticos para detectar incumplimientos y exigir la recomposición de contribuciones no abonadas, con intereses y sanciones. El incumplimiento producirá el decaimiento automático de los beneficios.
Esta iniciativa forma parte de la Ley de Modernización Laboral, aprobada el 27 de febrero y promulgada el 6 de marzo, que atravesó un proceso judicial complejo antes de quedar definitivamente en vigencia. La Secretaría de Trabajo y ARCA quedan facultadas para dictar normas complementarias.
Con información de: Clarín
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