El Gobierno prepara un paquete legislativo para reformar la Ley de Mercado de Capitales y ampliar el financiamiento privado en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La iniciativa, que se enviará al Congreso en las próximas semanas, busca reducir trabas para empresas, pymes, comercios e inversores.
El proyecto lo trabajan la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo declarado es aumentar el tamaño del mercado local, que hoy representa entre 7% y 8% del PBI, una cifra lejana al promedio regional.
El ministro Federico Sturzenegger describió la iniciativa como el cierre de un proceso de transformación del mercado de capitales. “Estamos por enviar ahora un proyecto al Congreso que como que da el broche de oro: cierra este proceso de transformación del mercado de capitales”, afirmó.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, explicó que el texto será “ómnibus” e incluirá cambios en la Ley de Fondos Comunes de Inversión, el régimen de Obligaciones Negociables, fideicomisos, warrants, pagarés, tarjetas de crédito y otras normas vinculadas al financiamiento privado.
La columna vertebral del proyecto es el nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías, que dependerá del BCRA y reemplazará la intermediación obligatoria del Ministerio de Justicia en el régimen de prendas. Con este cambio, empresas y particulares podrán inscribir gravámenes de forma directa.
El esquema permitirá inscribir segundas y terceras prendas sin el consentimiento del primer acreedor prendario y ampliará los activos alcanzados. Entre las incorporaciones figuran las cosechas futuras, un mecanismo análogo al de Brasil. Además, se deroga el monopolio legal que reservaba la vía ejecutiva de las prendas a las entidades bancarias, por lo que cualquier acreedor podrá iniciar la ejecución judicial.
En materia de warrants, el Ejecutivo eliminará la exigencia de contratar pólizas de seguro obligatorias, que pasarán a ser voluntarias, y suprimirá la obligación de remate público en situaciones de conflicto. También habilitará el respaldo de warrants sobre cualquier bien que acuerden las partes.
En pagarés y letras de cambio, la ley formalizará la emisión de títulos respaldados en bienes físicos. Para las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, el texto remueve intermediarios obligatorios y busca facilitar la llegada directa de pequeñas y medianas empresas a los mercados bursátiles autorizados.
Para los comercios, el proyecto incorpora una propuesta del Banco Central sobre cupones de tarjetas de crédito. Las liquidaciones se transformarían en un título valor electrónico negociable, lo que permitiría descontar cupones en el mercado secundario a menores tasas y reducir la dependencia del banco emisor.
La iniciativa contempla además la derogación de la ley de financiamiento colectivo y de la regulación sobre planes de ahorro y capitalización. En el caso de las automotrices, los contratos quedarían directamente en el Código Civil y Comercial, con resolución de conflictos en Defensa del Consumidor y sin circuito administrativo ante la IGJ.
A nivel operativo, se consolidará en la ley el régimen de aprobación automática de la CNV para colocaciones que no superan los 100 millones de UVA, cerca de 140 millones de dólares. Ese esquema reemplazó el control previo por una auditoría técnica ex post y redujo los tiempos de salida de las empresas al mercado.
Para el AMBA, el proyecto apunta a facilitar el acceso a financiamiento, simplificar garantías y ampliar alternativas de inversión. El debate en el Congreso definirá si estas reglas se convierten en una herramienta concreta para la economía local.
Con información de: Clarin. Notibaires24
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