Una investigación fiscal reveló la existencia de una presunta organización criminal que durante más de diez años se habría dedicado al despojo sistemático de propiedades pertenecientes a personas fallecidas, generando ganancias estimadas en 25 millones de dólares.
La red, conocida por las autoridades bajo el alias del 'Tío Luigi', habría desarrollado un sofisticado mecanismo para identificar inmuebles cuyos propietarios ya no se encontraban con vida, para luego proceder a su apropiación mediante documentación falsificada.
Según la información difundida por ATV, la organización contaba con la participación de funcionarios públicos y profesionales que facilitaban el acceso a información sensible y la ejecución de trámites relacionados con los inmuebles. Una vez apropiados, los bienes eran destinados a actividades comerciales como alquiler y venta.
Entre las figuras clave de la investigación se encuentra César Augusto Villanueva, trabajador de Sedapal, quien presuntamente utilizaba información sobre el consumo de agua para detectar viviendas abandonadas o cuyos propietarios habrían fallecido.
Durante las pesquisas se reveló una comunicación atribuida al padre del investigado: 'César, ¿cuándo vas a ir a ver el agua? Así encuentras casas botadas que no tienen dueño, que estén tiradas en sitios grandes. Avísame, pues', lo que evidenciaría el modus operandi de la organización.
La investigación también involucra a Carmen Martínez Galván, funcionaria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), quien habría intervenido en la validación de expedientes que posteriormente permitían la transferencia irregular de inmuebles.
Además, el caso incluye a abogados que presuntamente elaboraban la documentación utilizada en estas operaciones fraudulentas. Entre ellos figura José Luis Polo Ramos, quien fue intervenido durante las diligencias realizadas por las autoridades.
El abogado inmobiliario Jair Peralta advirtió sobre las consecuencias legales que enfrentarían los involucrados: 'Definitivamente enfrentará un proceso penal y veremos cuáles son las consecuencias. Posiblemente termine él pagando años de cárcel'.
El especialista también señaló la responsabilidad de los profesionales del derecho en estos casos: 'Si yo voy a firmar y voy a sellar un documento, es mi responsabilidad saber qué es lo que hay detrás del documento, cuál es la operación que se está haciendo'.
Este caso vuelve a poner en debate los mecanismos de protección de la propiedad y los procedimientos que deben seguir las familias tras el fallecimiento de un propietario, evidenciando vulnerabilidades en el sistema registral que podrían ser explotadas por organizaciones criminales.
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