La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets de madera del país, luego de que la empresa incumpliera el acuerdo preventivo alcanzado durante su concurso de acreedores.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. Entre las medidas, se ordenó la incautación de instalaciones, maquinarias y vehículos, la entrega de libros comerciales y documentación contable, impositiva y laboral, además del bloqueo de las cuentas bancarias para preservar activos.
La firma desarrollaba su actividad industrial en Azara, en el departamento de Apóstoles, al sur de la provincia y cerca del límite con Corrientes. Se dedicaba a la fabricación de pallets de madera para almacenamiento y transporte de mercaderías, con clientes de grandes empresas de distintos sectores.
El deterioro se produjo en un contexto de dificultades para la industria forestoindustrial, afectada por la caída de la demanda, el aumento de los costos de producción y las complicaciones logísticas. En el caso de Linor, esos factores se combinaron con problemas financieros que comprometieron la continuidad de las operaciones.
Antes del cierre, Linor acumulaba una deuda fiscal cercana a $500 millones con la ARCA, una obligación que se arrastraba desde 2024 y derivó en el embargo preventivo de las cuentas bancarias de la compañía. Esa situación limitó la disponibilidad de fondos para pagar salarios y comprar insumos, y se sumaron obligaciones pendientes con la distribuidora eléctrica.
En 2025, la crisis llegó a un punto límite por el derrumbe del mercado interno y el aumento de los costos energéticos y operativos. En mayo de ese año, la empresa cerró su planta industrial en Azara y despidió a 130 trabajadores.
La crisis quedó expuesta cuando se viralizó un video de Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de la compañía, durante una reunión con trabajadores. Ante reclamos por falta de pago, afirmó: “Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate”. El Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas denunció deuda de sueldos, vacaciones y aportes a la obra social.
Durante el conflicto, los trabajadores bloquearon los accesos al predio de Azara ante la denuncia de que se retiraban equipos de la planta. Agustín Báez, secretario general del gremio, señaló que los problemas se extendían desde hacía dos años y que la empresa había acordado una reducción salarial del 20% con parte del personal, sin reconocer vacaciones ni certificados médicos.
El caso no es aislado. Enrique Bongers, presidente de la AMAYADAP, explicó que la crisis del sector se mantiene muy compleja, afectada por los recientes aumentos de la tarifa de energía eléctrica que ponen en riesgo numerosas fuentes de trabajo.
El titular de la cámara identifica tres problemas centrales que asfixian a las economías regionales: la ineficiencia logística, los elevados costos energéticos y la alta carga impositiva. Enfatizó la urgencia de aliviar la presión fiscal mediante medidas como la suspensión temporal de la tasa forestal y la devolución de saldos de IVA, y advirtió sobre el posible cierre de pequeños y medianos aserraderos. Con información de: Infobae.
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