El oficialismo aceleró la agenda legislativa sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía, enviado por el Ejecutivo tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas. La Libertad Avanza fijó que la Cámara de Diputados comience a discutirlo el miércoles que viene.
El texto ingresó al Congreso a mitad de mes y fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán. La idea es que funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia expliquen y defiendan la iniciativa.
La bancada libertaria pretende una segunda jornada de discusión el 6 de octubre y, en el escenario más optimista, firmar el dictamen para votar en una hipotética sesión del 7 de octubre. En esa sesión también se aprobaría el nuevo proyecto de Discapacidad y el de Endeudamiento, que recibirá de comisiones este martes.
Sin embargo, el proyecto ya acumuló rechazos en puntos concretos. El artículo 111 modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje.
El radical Pablo Juliano advirtió: “El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”.
Opositores también señalan que hay articulados que equivalen a otorgarle facultades extraordinarias al Ejecutivo y representan una pérdida de atribuciones para el Parlamento. Desde el MID afirmaron: “La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75”.
Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, fue más directo: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas”. La crítica se suma a la preocupación por un texto que combina sanciones, seguridad nacional y recursos.
El texto deroga la actual Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. A su vez, crea un nuevo régimen de sanciones que se amplía más allá de la actividad hidrocarburífera para abarcar cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina.
El proyecto amplía las prohibiciones a personas y empresas que faciliten o participen en actividades no autorizadas, e incluye reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. Establece multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.
Además, crea un mecanismo para que quienes desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas. El concepto de seguridad incorpora soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio.
El debate legislativo se centra en las penas, las facultades del Ejecutivo y el alcance de las sanciones.
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