La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña Ortiz, conocida como Amaranta Hank, presentó un proyecto para castigar la violencia sexual digital. La iniciativa busca incorporar al Código Penal el delito de difusión no consentida de material íntimo, incluidos contenidos creados o alterados con inteligencia artificial.
La propuesta, denominada “Para la prevención y sanción de la violencia sexual digital”, fue discutida durante un desayuno con organizaciones sociales y colectivos feministas. El encuentro tuvo como objetivo recoger aportes sobre las formas de agresión sexual que se producen en plataformas, redes y otros espacios virtuales.
“Conversamos sobre un proyecto de ley que radicamos”, señaló Omaña. La senadora explicó que la iniciativa plantea una respuesta penal ante la circulación de fotografías, grabaciones u otras piezas de carácter sexual sin autorización de la persona involucrada.
El texto apunta a sancionar la publicación, envío o distribución de videos y fotos íntimas cuando no exista consentimiento, incluso si la persona afectada produjo ese material o lo compartió previamente en un ámbito privado. La norma busca diferenciar entre la entrega voluntaria de un archivo en un contexto determinado y su difusión sin autorización.
La iniciativa contempla, además, las imágenes modificadas o fabricadas con herramientas de inteligencia artificial. Bajo ese criterio, la conducta podría abarcar piezas audiovisuales que aparenten mostrar a una persona en una situación íntima, aunque no hayan sido registradas de forma real. “Son videos y fotografías reales o hechas a través de inteligencia artificial”, afirmó durante la reunión.
Omaña sostuvo que el propósito es impedir que esos contenidos sean utilizados para ejercer violencia, exponer a víctimas o afectar su vida personal, laboral y familiar. El proyecto define este tipo de hechos como parte de la violencia sexual digital, una categoría que busca reconocer las agresiones que ocurren mediante dispositivos, servicios de mensajería, sitios web y redes sociales.
La propuesta legislativa plantea una protección especial para las mujeres en toda su diversidad, aunque el eventual delito alcanzaría a cualquier persona cuya intimidad sexual sea divulgada sin permiso. Según lo expuesto por la senadora, el consentimiento previo para crear o enviar una fotografía o video no habilita su reproducción posterior por terceros.
El debate con organizaciones feministas y sociales formó parte de la etapa inicial de difusión de la iniciativa. El proyecto deberá avanzar ahora en el trámite legislativo correspondiente para que el Congreso defina su alcance, las sanciones previstas y los mecanismos de protección para las personas afectadas.
En otro frente, la congresista radicó una proposición para crear una comisión accidental que supervise la aplicación de la Ley 2453 de 2025, orientada a prevenir la violencia política contra las mujeres. La petición invoca el numeral octavo del artículo 43 y los artículos 66 y 67 de la Ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.
Entre sus funciones figura el seguimiento a las medidas de prevención, atención y respuesta frente a la violencia política contra las mujeres. También propone elaborar un protocolo para recibir y atender posibles casos.
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