El senador colombiano Enrique Gómez presentó un proyecto de reforma constitucional que busca cerrar definitivamente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en 2028, estableciendo un plazo improrrogable de 10 años desde su puesta en funcionamiento completa. La propuesta modifica el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó este tribunal especial tras el Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
La iniciativa fija que el periodo de la JEP será de 10 años improrrogables, contados desde la entrada efectiva en funcionamiento de todas sus salas y secciones. Posteriormente, durante cinco años adicionales, la justicia ordinaria colombiana se encargaría de aplicar las sentencias a los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz.
El texto establece que el plazo para recibir informes por la Sala de Reconocimiento de Verdad será de dos años desde la constitución total de las salas, prorrogable hasta un máximo de tres años, salvo causa excepcional debidamente motivada. La Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias podría constituirse sin límite de tiempo cuando sea necesaria, para preservar la aplicación de las decisiones adoptadas.
La propuesta generó una fuerte reacción de la senadora del Pacto Histórico y exministra de Salud, Carolina Corcho, quien cuestionó la interpretación del senador Gómez sobre los plazos constitucionales. "Nadie se victimiza: hay 300.000 víctimas acreditadas en los macro casos de la JEP", escribió Corcho en la red social X.
La senadora argumentó que el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 fija 2028 como límite para terminar las acusaciones, no como fecha de clausura total de las salas. Según su interpretación, la norma prevé otros cinco años de actividad jurisdiccional después de esa etapa, lo que extendería el funcionamiento de la JEP hasta 2033.
"Usted presenta como un hecho en medios lo que es desconocimiento del sistema de justicia transicional que pretenden asfixiar presupuestamente", cuestionó Corcho al senador Gómez. La legisladora advirtió que el cierre anticipado de la JEP afectaría especialmente a militares que se sometieron al tribunal y aportaron información sobre los hechos investigados.
Según datos oficiales, las salas de la JEP emitieron 1.019 de las 1.070 renuncias a la persecución penal concedidas por la jurisdicción. Del total, el 95% benefició a integrantes de la fuerza pública colombiana, un dato que subraya el impacto que tendría el cierre del tribunal sobre militares comparecientes.
Corcho advirtió que "desmontarlas no le quita peso a la impunidad; les cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, para que resuelvan su situación jurídica y sigan vulnerables en procesos en tribunales internacionales por las obligaciones del Estado Colombiano".
El debate colombiano resuena en Argentina, donde la discusión sobre justicia transicional y tribunales especiales tiene décadas de historia. Desde la CONADEP y el Juicio a las Juntas en los años 80, pasando por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hasta la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad en la década del 2000, Argentina transitó un camino complejo en materia de justicia por violaciones a los derechos humanos.
La experiencia argentina muestra que los plazos y alcances de los mecanismos de justicia transicional son objeto de permanente tensión política. Mientras sectores liberales y de centroderecha suelen cuestionar la extensión indefinida de estos procesos por considerarlos costosos y revanchistas, organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas defienden su continuidad como garantía de memoria y justicia.
La JEP colombiana, creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016, fue diseñada para juzgar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado. Su eventual cierre en 2028 plantea interrogantes sobre el destino de miles de casos pendientes y la efectividad de los mecanismos de justicia transicional en contextos de posconflicto.
Con información de: Infobae
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