Una multitudinaria protesta se desarrolló este miércoles en Avenida 9 de Julio al 1900, frente al Ministerio de Salud, donde familias porteñas y trabajadores del sector de discapacidad rechazaron la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó la manifestación que incluyó un cese de actividades de empleados de prestadoras ante la "profunda crisis que atraviesa el sector". Desde las 11 de la mañana, vecinos de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se concentraron con carteles y pancartas coloridas para visibilizar su reclamo.
Los manifestantes denunciaron el "atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas" que está llevando a las prestaciones a una situación crítica. En una carta dirigida al ministro de Salud Mario Lugones, firmada por el presbítero Pablo Molero, expresaron su rechazo al proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente.
El principal reclamo apunta a los retrasos en los pagos de Incluir Salud, que en algunos casos se remontan a octubre pasado. "Si bien se han realizado algunos pagos, todo va muy lento", alertaron desde el Foro, que agrupa a gremios e instituciones especializadas en discapacidad de la región metropolitana.
La situación se agrava por la falta de actualización arancelaria del 40%, lo que según los manifestantes "produce un daño irreparable en los prestadores, en los trabajadores y en los destinatarios de estos servicios". Por eso exigieron una "actualización inmediata de los aranceles en un 40% y un pago por mes".
Paralelamente, otro grupo se manifestó frente al Ministerio de Economía para reclamar aumentos en las partidas destinadas al sector. La protesta evidenció el impacto directo que tiene esta crisis en miles de familias porteñas y del conurbano que dependen de estos servicios esenciales.
El gobierno de Milei intenta ahora reformar la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado el año pasado con mayoría opositora, después de haber judicializado la norma sin lograr vetarla. Esta nueva iniciativa genera resistencia en un sector que ya atraviesa serias dificultades económicas y operativas.
Con información de: Clarín
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