Dos productores de Carlos Casares presentaron un amparo judicial para conocer el destino de los $2,3 billones anunciados por Axel Kicillof.
El anuncio se hizo en agosto para el Plan de Gestión del Riesgo Climático, en un contexto de preocupación por El Niño.
La acción fue dirigida contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de que la Justicia ordene la entrega completa de la información solicitada.
El reclamo busca reconstruir el recorrido de los fondos, desde la planificación y el presupuesto hasta la contratación de empresas y la ejecución de obras.
Los productores pidieron información sobre el Plan de Gestión del Riesgo Climático y las obras hidráulicas, viales y preventivas previstas en la Cuenca del Río Salado, especialmente en la Subregión A3 y el partido de Carlos Casares.
La presentación se realizó el 22 de octubre, después de que un pedido formal hecho el 22 de julio en la mesa de entradas del ministerio no obtuviera respuesta. El 4 de septiembre quedó configurada la denegatoria tácita.
Entre los interrogantes figura si el plan cuenta con respaldo administrativo formal, qué acto lo aprobó y qué estudios técnicos lo fundamentan.
También solicitan conocer el origen y el estado de los recursos, las partidas presupuestarias asignadas, los montos comprometidos, devengados y pagados, el saldo disponible y la existencia de créditos o préstamos.
Si se realizaron reasignaciones presupuestarias, los productores reclaman conocer las normas o autorizaciones que las respaldaron y los proyectos comprendidos en la financiación.
Otro capítulo apunta a las empresas contratistas y a los procedimientos usados para adjudicar los trabajos. Piden pliegos, contratos, certificados de obra, pagos, inspecciones y actas de recepción.
En materia de infraestructura, la demanda solicita un detalle de las obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas en la Cuenca del Río Salado, con especial atención a Carlos Casares.
Los productores reclaman datos sobre la ubicación de cada intervención, sus responsables, los avances físicos y financieros y los plazos previstos.
La consulta también abarca caminos rurales, alcantarillas, canales, drenajes y otras medidas preventivas, además de la información climática e hidrológica usada para diseñar el plan.
También piden conocer qué actuaciones se llevaron adelante frente a los anegamientos y a los problemas en la red vial rural registrados durante 2025 y 2026.
Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron a Clarín Rural que “van a contestar el pedido de informes a la brevedad”. La presentación judicial busca que la gestión bonaerense brinde información documentada sobre los recursos públicos anunciados.
El reclamo se apoya en antecedentes judiciales vinculados con el acceso a información sobre obras de infraestructura, entre ellos el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares, en el que la Justicia ordenó completar información sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N° 50.
Con información de Clarín y de la presentación judicial.
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