La Justicia Nacional en lo Penal Económico procesó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. por una compleja maniobra de evasión previsional que habría causado un perjuicio de más de $800 millones al sistema de seguridad social.
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 dictó el procesamiento el pasado 21 de abril por 34 hechos en el marco de la causa "Día Argentina S.A. y otro s/ infracción Ley 24.769". Además, ordenó un embargo por el monto total del perjuicio fiscal.
Según la investigación judicial, la empresa habría montado un esquema sistemático de falsas franquicias para encubrir verdaderas relaciones laborales. Los supuestos "franquiciados", "concesionarios" o "consignatarios" funcionaban en la práctica como empleados en relación de dependencia, permitiendo a la compañía evadir el pago de aportes y contribuciones patronales.
El mecanismo operaba mediante la interposición de terceros como titulares formales de las tiendas, lo que posibilitaba fragmentar la nómina laboral y tributar contribuciones a una alícuota menor. Esta estructura fraudulenta se habría desarrollado entre 2015 y 2018, abarcando tanto evasión previsional simple como agravada por el uso de personas interpuestas.
La magnitud del esquema queda evidenciada en los números de la investigación: se relevaron 654 sucursales y se identificaron más de 8.000 personas involucradas. Además, se detectó que más de 2.200 trabajadores prestaban servicios para distintos "franquiciados", reforzando la hipótesis de coordinación centralizada desde la empresa matriz.
Las pruebas reunidas incluyen el análisis de contratos de franquicia, cruces de datos laborales y fiscales, más de 20.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas. También se constató que el área de Recursos Humanos de Día intervenía directamente en la selección, capacitación y gestión del personal, evidenciando control directo sobre los trabajadores.
Los antecedentes en la Justicia laboral respaldan la acusación: en al menos 137 casos, tribunales declararon la nulidad de los contratos de franquicia por considerarlos fraudulentos y condenaron a la compañía como empleadora directa.
La empresa intentó acogerse a un régimen de moratoria sin reconocer la maniobra ni cancelar la totalidad de la deuda, postura que fue rechazada por instancias judiciales superiores, permitiendo que la acción penal continuara.
Según ARCA, la maniobra consistió en "la simulación sistemática de vínculos comerciales para encubrir verdaderas relaciones de dependencia laboral", utilizando el contrato de franquicia como "pantalla jurídica" para ocultar su calidad de empleador real.
En caso de condena, la empresa podría enfrentar sanciones severas bajo el Régimen Penal Tributario: suspensión de actividades, inhabilitación para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales o incluso la cancelación de su personería jurídica.
Con información de: Clarín
Comentarios