El juez de Garantías Ricardo Fraga dictó la prisión preventiva para el policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, imputado como responsable del asesinato de Juan Cruz Leal en un caso de gatillo fácil que conmocionó al oeste del Gran Buenos Aires. La medida fue solicitada por la fiscal María Alejandra Bonini a la espera del juicio oral correspondiente.
La decisión judicial se basó en un fallo de 109 páginas donde Fraga calificó el hecho como una "clara manifestación de violencia institucional y violación brutal de los derechos humanos". El testimonio de Daniel Kuhne, quien acompañaba a la víctima y también resultó herido, fue clave para la resolución del caso.
El 12 de marzo por la madrugada, Juan Cruz Leal y Daniel Kuhne, ambos de 21 años, se dirigían a jugar un partido de fútbol cuando Gómez detuvo su moto en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, en Ituzaingó. Sin mediar palabra, el efectivo se bajó del vehículo y disparó contra los dos jóvenes, pensando que lo estaban persiguiendo, según declaró posteriormente.
El proyectil hirió a Leal en la ingle, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas donde falleció tras varios intentos de reanimación. Kuhne recibió un impacto en la zona axilar y sobrevivió, convirtiéndose en testigo clave del caso. "No me siento seguro si Gómez permanece en libertad", declaró ante la justicia.
La familia de Juan Cruz organizó una intensa campaña de justicia que incluyó una marcha el 27 de marzo en la plaza San Martín de Ituzaingó, día en que la víctima hubiese cumplido 22 años. "Queremos agradecer profundamente a cada persona que acompañó y difundió este pedido de justicia", comunicaron desde la cuenta de Instagram @justiciaxjuancruzleal.
La audiencia para determinar la prisión preventiva se realizó el jueves 16 de abril, donde se conoció la resolución judicial. Actualmente, la familia impulsa una campaña para que se dicte prisión perpetua para el efectivo, en un caso que expone nuevamente la problemática del gatillo fácil en las fuerzas de seguridad.
El caso Leal se suma a la larga lista de víctimas de violencia policial en el conurbano bonaerense, donde organizaciones de derechos humanos reclaman reformas estructurales en los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.
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