El cardiólogo Martín Andrada y el enfermero Martín P. cumplirán prisión preventiva por 90 días tras ser imputados por una doble causa federal: el hallazgo de estupefacientes en su vivienda de Wheelwright y una presunta estafa millonaria al PAMI.
La decisión fue tomada por el juez federal Aurelio Cuello Murua en Venado Tuerto, luego de la imputación formal presentada por los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi. La investigación se desarrolla en dos frentes paralelos que terminaron convergiendo en una misma operatoria delictiva.
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de morfina sin utilizar, ocultas en una caja fuerte. Junto a estos estupefacientes, los agentes encontraron material quirúrgico, vacunas inyectables y medicamentos hospitalarios como diclofenac, ketorolaco, dexametasona y otros fármacos controlados.
El caso se originó por una investigación de la UFI-PAMI tras denuncias de afiliados que desconocían servicios médicos facturados a su nombre. Según los registros oficiales, Andrada afirmó haber atendido más de 5.000 afiliados y realizado más de 50.000 estudios en apenas dos años.
Los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa detectaron inconsistencias graves: muchos beneficiarios residían en otras provincias y negaron haber recibido atención. El presunto fraude alcanzaría los $700 millones, de los cuales el PAMI habría abonado $580 millones directamente al profesional.
Las autoridades sostienen que Andrada registraba en el sistema múltiples atenciones diarias a decenas de pacientes, incluyendo consultas, electrocardiogramas y estudios holter que nunca se realizaron. La operatoria habría funcionado durante años sin controles efectivos.
El hallazgo de fentanilo y morfina agregó una nueva dimensión al caso, ya que los fiscales atribuyen a ambos profesionales el suministro de estupefacientes fuera de casos terapéuticos autorizados y el ejercicio ilegal de la medicina. Estos cargos agravan significativamente la situación judicial de los imputados.
La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y la eventual participación de otras personas. En los próximos días, Andrada deberá comparecer nuevamente ante la justicia en el marco de la causa por la presunta estafa millonaria.
El caso genera preocupación en el ámbito sanitario de la región por el posible impacto en la confianza de los pacientes y en el sistema de control de prestaciones médicas del principal organismo de seguridad social del país.
Comentarios