El empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente de 10 alumnos del Colegio Palermo Chico, finalmente recibió este miércoles la tobillera electrónica que ordenó la Justicia para controlar que no se acerque a las víctimas ni a sus familias. La medida se concretó tras seis días de demora que generó reclamos de la querella.
Los 10 adolescentes denunciantes recibieron el martes sus respectivos botones antipánico en sus domicilios de manos de la Policía de la Ciudad. Se trata de teléfonos con una aplicación especial que se activa ante situaciones de urgencia para alertar inmediatamente a las autoridades.
El abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, había presentado dos escritos de reclamo ante el juez entre el lunes y el martes para exigir celeridad en la colocación del dispositivo. "Ya es el sexto día sin tobillera", subrayó el letrado, recordando que la resolución judicial fue clara: "Se ordena la inmediata colocación del dispositivo".
La demora se debió a que la Policía de la Ciudad advirtió que la Justicia tardó en proporcionarle los datos específicos del empresario que requerían para avanzar, como el domicilio exacto y el rango de distancia permitido.
Porcel está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. Las víctimas tienen entre 11 y 15 años.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al imputado, donde se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.
La semana pasada, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento al considerar que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron "coherencia interna", "estructura lógica" y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso.
Sin embargo, la Justicia decidió mantenerlo en libertad al considerar que tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. Por eso ordenó las medidas adicionales de control y protección.
En una segunda resolución, se confirmó además la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales, pese a los cuestionamientos de la defensa.
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