La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional cerró la última puerta procesal de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar sexualmente de diez alumnos del Colegio Palermo Chico. El tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y dejó el expediente encaminado al debate oral.
El fallo fue dictado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Santiago Quian Zavalía, de la Sala 4, quienes consideraron que el planteo no reúne los requisitos procesales para ser revisado en esa instancia. También desestimaron el cuestionamiento a la constitucionalidad del Código Procesal Penal de la Nación.
La Cámara aclaró que no analizó el fondo porque la resolución recurrida no constituye una sentencia definitiva ni puede equipararse a una. Ese requisito es indispensable para habilitar la revisión por casación, según el tribunal.
El recurso rechazado formó parte de una serie de intentos de la defensa para demorar el juicio. El último buscaba revertir la decisión de la propia Sala 4, del 28 de septiembre, que había rechazado el pedido de declarar inconstitucional el régimen procesal vigente por no contemplar el juicio por jurados.
La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, con una denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard, y con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. El expediente arrancó con los relatos de seis compañeros de uno de los hijos de Porcel y luego se amplió hasta incluir a diez presuntas víctimas.
Según la hipótesis de la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Los denunciantes eran alumnos del Colegio Palermo Chico y conocían al empresario por su vínculo con sus hijos. La causa ubicó parte de los episodios en un departamento de la Torre Le Parc, en Palermo Chico, en otro inmueble cercano y en una oficina del acusado situada en Retiro.
El primero en pedir la elevación a juicio fue el abogado Pablo Hawlena, representante de las familias de las víctimas. Después, el fiscal Pablo Turano sostuvo que Porcel habría abusado de diez varones de entre 11 y 15 años cuando estaban bajo su guarda. La imputación incluye abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y, en un caso, la producción de una representación de las partes genitales de un menor con fines predominantemente sexuales.
La acusación fiscal describió tocamientos de índole sexual durante supuestos masajes con cremas. También se incorporaron testimonios sobre reuniones en domicilios del imputado, donde presuntamente se ofrecían bebidas alcohólicas a los adolescentes y se los alentaba a participar de desafíos de consumo a cambio de dinero.
Durante la instrucción, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que fueron peritados por especialistas de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Fuentes del caso indicaron que se hallaron cuatro imágenes en teléfonos vinculados al acusado; dos de ellas corresponderían a uno de los denunciantes.
Porcel continúa el proceso en libertad, aunque la Cámara del Crimen ordenó la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización. La medida derivó en el uso de una tobillera electrónica por parte del empresario, mientras los diez adolescentes que lo denunciaron recibieron botones antipánico.
En junio, Turano formalizó el pedido para que el empresario fuera llevado a juicio oral, al que luego adhirió la querella. Con la reciente decisión de la Cámara que desestimó el recurso de la defensa, el expediente quedó encaminado a la etapa de debate, aunque todavía deberá definirse el tribunal oral.
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