El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá sostuvo este miércoles que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA y valuada en 17 millones de dólares debe salir de la órbita del juez federal de Campana y volver a la Ciudad de Buenos Aires.
En concreto, postuló que la pesquisa que intenta determinar si el dinero para comprar la mansión salió de la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia tiene que ser retomada por el juzgado en lo penal económico 10 de CABA, actualmente a cargo de la jueza Verónica Straccia. La última palabra será ahora de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
En un dictamen presentado ante ese Tribunal, el fiscal consideró que la investigación a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte tiene que salir del juzgado federal de Campana y volver a la ciudad porteña. Ahora los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos quedaron en condiciones de decidir.
La Cámara Federal de Casación ordenó que sea este Tribunal de Apelaciones del fuero penal económico el que ponga fin al conflicto de competencia en esta pesquisa y pidió que lo haga con "celeridad". La causa ya pasó por tres jueces diferentes, evidenciando la complejidad jurisdiccional del caso.
"No advierto razones que sean decisivas para considerar competente al Juzgado Federal de Campana", expuso el fiscal en su dictamen sobre esa sede judicial donde desde enero tramita la causa por orden de la Cámara Federal de San Martín, en una decisión que Casación anuló y ordenó volver a revisar en el fuero penal económico.
La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero. Cuando la Justicia allanó el lugar se hallaron elementos que pertenecerían al tesorero Pablo Toviggino.
Pérez Barberá resaltó la "especialización técnica" del fuero penal económico porteño para investigar delitos como el supuesto lavado de activos. Y destacó que cuando se trata de hechos que pudieron abarcar varios territorios, debe primar "lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación".
El fiscal remarcó que de la causa surgen puntos de contacto con diferentes lugares donde pudieron cometerse maniobras de lavado de dinero que excederían el ámbito donde están los bienes, es decir, Pilar. Por ello sería "prematuro" sostener que como esta localidad está bajo jurisdicción del fuero judicial de Campana el caso debería seguir allí.
El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse casi cuatro millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares, una cifra muy inferior a la valuación real del inmueble.
El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso.
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