La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió el último viernes dejar sin efecto el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. El organismo, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, presentó un recurso de apelación en subsidio y asumió la acción penal en el expediente.
La presentación cuestionó la resolución firmada el 23 de octubre, que desvinculó de manera definitiva al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados. El argumento central fue que los hechos denunciados no encuadran en un delito.
Los acusados habían obtenido antes un dictamen favorable del fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó los sobreseimientos ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Para la PIA, esa decisión fue apresurada y careció de un análisis integral de las pruebas.
El reclamo se apoya en tres ejes: medidas de prueba pendientes, una interpretación jurídica incorrecta de la maniobra como “hecho atípico” y la existencia de indicios que obligan a profundizar la pesquisa.
La presentación cobra especial relevancia porque, sin impulso del fiscal de la causa ni querellas que integren el expediente para sostener la acusación privada, el caso iba camino a un archivo sin oposiciones.
La PIA advirtió que el proceso de recolección de evidencias está lejos de terminar. Según Rodríguez, varios estudios técnicos sobre las transacciones financieras no pudieron completarse por falta de herramientas informáticas con licencia en el Ministerio Público Fiscal.
“No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario. Hay varios estudios que no pueden completarse, por el momento, por falta de licencias de una dependencia del Ministerio Público Fiscal, no constando en la resolución que se impugna que se hayan explorado posibles alternativas para su cumplimiento”, sostuvo el fiscal Rodríguez.
El fallo había justificado el cierre por la falta de respuesta de Estados Unidos a un pedido de asistencia jurídica internacional. Pero Rodríguez explicó que el rechazo norteamericano no fue definitivo: quedó condicionado a enviar más precisiones, datos que dependen de pericias locales pendientes, como el análisis forense de celulares secuestrados.
Otro punto conflictivo fue el descarte de testimonios. La PIA mencionó a Nadia Beller, la abogada que sobrevivió a un ataque sicario en Bolivia, y pidió su citación formal. Según el organismo, en la causa ANDIS nunca se le preguntó directamente por el fraude de $LIBRA.
La PIA también rechazó la calificación legal del caso. El juez y Taiano consideraron que no hubo estafa porque las operaciones se hicieron con una “memecoin”, un activo de alta volatilidad donde los inversores asumen riesgos especulativos en un mercado sin regulación estatal.
Para la procuraduría, la ausencia de regulaciones sobre monedas virtuales no otorga impunidad a los desarrolladores ni deja desamparados a los ciudadanos frente a maniobras de fraude. En ese marco, la PIA sostuvo que los indicios robustecen la hipótesis de una maniobra ilícita y que la decisión del juez fue prematura.
La presentación, que involucra al presidente de la Nación y a su hermana, vuelve a poner en el centro del debate político a la administración nacional, con repercusión en la agenda porteña y del conurbano.
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