La Comisión de Constitución recomendó no otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas por 120 días. El predictamen propone archivar la proposición para emitir decretos legislativos.
La iniciativa corresponde al expediente N.° 00098-2026-2031-CD y fue evaluada bajo el artículo 104 de la Constitución. Según el documento, el pedido no alcanza los niveles de especificidad, precisión y necesidad exigidos.
Las ocho áreas incluyen seguridad ciudadana, empleo, tributación, minería, hidrocarburos, vivienda y saneamiento. El Gobierno buscaba emitir normas sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario.
La solicitud reúne 66 ítems distribuidos en ocho literales, aunque la revisión identificó más de 100 asuntos distintos. La amplitud fue uno de los elementos considerados por la comisión al evaluar los límites de la delegación.
El trámite todavía requiere debate en la Cámara de Diputados. La comisión programó para el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre la sustentación y el debate del dictamen.
El predictamen señala cuatro problemas recurrentes. El primero es la falta de especificidad: varios planteamientos usan términos como “fortalecer”, “modernizar”, “optimizar” o “actualizar”, sin identificar normas ni el sentido de los cambios.
También observa diferencias entre la propuesta y su exposición de motivos. El expediente incluye un documento de 436 páginas y, en algunos casos, la exposición plantea objetivos que exceden o difieren del texto sujeto a delegación.
El predictamen precisa que esa exposición no puede ampliar por sí misma el alcance de las facultades solicitadas.
Otro cuestionamiento apunta a la urgencia. El Ejecutivo no sustenta por qué las materias requieren una vía distinta al procedimiento ordinario ni acredita la “circunstancia contingente” que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, permite justificar una delegación.
El cuarto punto es la necesidad de normas con rango de ley. El predictamen sostiene que varias acciones podrían ejecutarse mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales u otros instrumentos propios del Ejecutivo.
En materia migratoria, el documento cuestiona ampliar de 24 a 48 horas la retención administrativa y incorporar a las Fuerzas Armadas en control migratorio. La comisión señala problemas frente a recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de trabajadores migrantes y límites constitucionales para la participación militar en funciones civiles.
En hidrocarburos, considera inconstitucional modificar normas sobre áreas naturales protegidas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario para facilitar exploración petrolera. La comisión se apoya en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el componente ambiental, el predictamen cuestiona aplicar el silencio administrativo positivo a estudios de impacto ambiental. El documento vincula la medida con el principio de prevención reconocido por el Tribunal Constitucional y menciona una comunicación de relatores especiales de Naciones Unidas, identificada como OL PER 7/2026.
Con información de: Infobae, Comisión de Constitución y Congreso.
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