El Gobierno nacional prepara un anuncio sobre Pensiones por Invalidez Laboral y evalúa dar de baja 20.000 beneficios que considera fraudulentos. La medida se enmarca en una auditoría sobre las PNC, una prestación que depende del cumplimiento de requisitos de incapacidad y falta de recursos propios. La decisión se da en el marco de una revisión de beneficios sociales.
Según Clarín, fuentes oficiales inobjetables indicaron que la Casa Rosada informaría en los próximos días el recorte de alrededor de 20 mil pensiones por invalidez que se dejarán de pagar. Los funcionarios describieron el ajuste como el resultado de una gran auditoría para verificar cuántos de los más de un millón cien mil beneficiarios cumplen realmente los requisitos para cobrar el subsidio.
El oficialismo sostiene que se trata de PNC “truchas” o “fantasmas”, es decir, prestaciones que habrían sido otorgadas de manera fraudulenta. La Casa Rosada sospecha que existen cientos de miles de subsidiados que no deberían cobrarlo porque carecen de las necesidades reales para esos fondos. Los funcionarios insisten en que la eliminación no afectaría a personas con discapacidad real y aseguran que el objetivo es que los recursos del Estado lleguen a quienes los necesitan.
El anuncio se prepara tras la media sanción de una Ley de Discapacidad en la Cámara de Diputados, el 22 de octubre. El proyecto original de la Casa Rosada incluía la eliminación de diversos beneficios y subsidios, pero, por presión de aliados legislativos, el oficialismo aceptó modificar el dictamen para mantener las PNC. Ahora falta la media sanción del Senado. La Casa Rosada no esperará a la Cámara alta para marcar un objetivo que considera crucial para sostener el financiamiento.
En el Gobierno atribuyen a la gestión de Alberto Fernández el mayor aumento de beneficiarios de las PNC, por motivos políticos y proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad. Con 300 mil pensiones entregadas, según un anuncio de mayo de 2023 de la última administración presidencial K, funcionarios libertarios sostienen que buena parte de esos subsidios se manejaron sin criterio y que se entregaron a personas que no sufren ninguna incapacidad física.
La información señala que el anuncio se haría el martes, miércoles o jueves próximos. Las auditorías continuarían y, según las conclusiones citadas, se suspendería el envío de fondos estatales a decenas de miles de personas que cobran una PNC desde hace años. El proceso podría generar quejas públicas y reclamos, que según fuentes del Gabinete aumentarían con el paso de los meses, aunque el Gobierno lo presenta como un ordenamiento del sistema.
El contexto es de alta sensibilidad y de larga crisis: el sector vulnerable reclama hace tres años por presupuestos acordes en los organismos que implementan los planes. La media sanción de la ley se retrasó más de un año, hasta que la Casa Rosada se comprometió de manera pública con aliados partidarios y legislativos a habilitar una votación con modificaciones. En ese marco, Martín Menem y Diego Santilli se mostraron más flexibles para escuchar los reclamos.
Con información de: Clarín, fuente principal de la nota.
Comentarios