Los docentes universitarios de todo el país iniciarán el martes 26 de mayo un paro nacional que se extenderá hasta el sábado 30, según anunció la CONADU Histórica tras un plenario de secretarías generales. La medida afectará a las principales universidades del AMBA, incluyendo la UBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
El conflicto se centra en dos ejes principales: la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de las paritarias salariales. Desde el gremio denuncian que el Gobierno nacional lleva 213 días sin cumplir la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario público.
La situación salarial constituye el núcleo del reclamo. Frente a una inflación de abril del 2,6%, el Gobierno dispuso un aumento salarial de apenas 1,5%. Los docentes calculan que en mayo "el salario debería aumentar un 56% para recuperar el poder adquisitivo" perdido en los últimos meses.
"Amparados por el apoyo popular, ratificamos la voluntad de luchar por nuestro salario y por la universidad pública", expresaron desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. La medida se produce tras la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 12 de mayo, que según los organizadores demostró "el rechazo al ajuste del Gobierno sobre la educación pública".
El paro incluirá acciones de visibilización y protesta en todo el país y afectará también a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene sedes en el AMBA. Los gremios anticiparon posibles medidas de fuerza adicionales al inicio del segundo cuatrimestre, utilizando ese período para definir las acciones de cara al cierre del primer semestre.
Además de las universidades del AMBA, la protesta alcanzará a instituciones de todo el país como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la de Rosario (UNR), la de Tucumán (UNT) y la del Nordeste (UNNE), entre otras. Los docentes también expresaron su "repudio a los ataques, agravios y campañas de desprestigio impulsadas contra las universidades públicas".
La CONADU ratificó su "compromiso histórico con la defensa de la universidad pública, gratuita, científica, democrática, con ingreso irrestricto y al servicio de las necesidades del pueblo". El conflicto se enmarca en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y el sector educativo, con particular impacto en las universidades del área metropolitana que concentran la mayor cantidad de estudiantes del país.
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