El Órgano de Administración Judicial aclaró que los exámenes de evaluación previstos para diciembre de 2026 no implican despidos ni pérdida de plazas en el personal de carrera judicial, en medio de un paro nacional.
El OAJ sostuvo que la aplicación responde a una atribución constitucional prevista en el artículo 100 y a los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También señaló que, para los trabajadores, la evaluación forma parte de sus obligaciones legales y constitucionales.
El OAJ explicó que el objetivo es revisar necesidades de capacitación y fortalecer las condiciones de la carrera judicial. Aseguró que no habrá aprobación ni reprobación y que los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia en plazas o la separación del personal.
Además, precisó que la primera evaluación ordinaria con efectos legales se realizará después de que concluyan las acciones de capacitación. El OAJ sostuvo que la prueba diagnóstica prevista para diciembre no tendrá esos efectos.
Ante la convocatoria de paro, el OAJ dijo que reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho a manifestar inconformidades. Reiteró su disposición al diálogo, aunque planteó que ese intercambio debe permitir el cumplimiento del mandato constitucional sobre evaluación del desempeño.
El paro nacional del Poder Judicial de la Federación comenzó el viernes 6 de noviembre en al menos 22 sedes ubicadas en más de 16 estados, en rechazo al esquema de evaluación publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.
La movilización no arrancó de forma simultánea: en Morelos, más de mil trabajadores cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el jueves.
Mientras que en Ciudad de México, empleados de San Lázaro y Prisma se sumaron desde la medianoche.
La protesta alcanza a cerca de 32.000 secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que trabajan en más de 900 tribunales y juzgados federales.
Entre los estados con paro confirmado figuran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En Ciudad de México, el cierre incluye los inmuebles de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
Los trabajadores cuestionan que el modelo no mida el desempeño con criterios objetivos. El examen de conocimientos representa 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de la valoración del titular del juzgado, la evaluación de compañeros, reportes institucionales y parámetros de productividad y comportamiento.
Los inconformes advierten que este esquema puede dar margen a presiones o represalias laborales, sobre todo porque algunos de los juzgadores encargados de evaluar llegaron recientemente a sus cargos mediante elección popular.
El Sindicato de Trabajadores del PJF llamó a sus integrantes a no inscribirse en el proceso. La Unión Nacional de Trabajadores del PJF sostuvo que otorgar esa facultad a los juzgadores podría convertirlos en instrumentos de presión, represalia o persecución laboral.
El calendario prevé la publicación del temario los días 17 y 18 de noviembre. Los exámenes para secretarios serán el 4 de diciembre, para actuarios el 8, y para oficiales los días 14 y 15. Los resultados se revisarán entre enero y marzo de 2027.
Con información de Infobae.
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