Los docentes universitarios decidieron realizar un paro el miércoles 30 de septiembre, con una extensión de 48 a 72 horas, como reclamo al Gobierno nacional para que aplique la recomposición salarial prevista por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y con una medida cautelar en la Justicia.
La medida fue decidida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, durante un plenario de secretarios y secretarias, y se buscará que la huelga se realice en unidad con la CONADU Histórica.
Desde la entidad explicaron, en un posteo en Instagram, que la huelga solo se levantará si el próximo martes 29 la administración de Javier Milei cumple con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la ley y la intimación del juez federal Martín Cormick.
Se trata de la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo, que esta semana intimó al Gobierno a que en un plazo de cinco días le dé cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, donde se establece la recomposición de salarios docentes y no docentes y de becas estudiantiles.
La medida de fuerza forma parte del plan de lucha de cara a la Marcha Federal Universitaria del próximo 15 de octubre, donde las entidades educativas volverán a marchar en las calles para reclamarle al Gobierno por el desfinanciamiento en la educación universitaria.
La organización indicó que se van a realizar acciones de agite y visibilización del conflicto en los días previos, además de articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de las distintas provincias para potenciar el pedido.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Javier Milei.
“El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer lo colectivo. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”, planteó Chevalier.
“La 5ta marcha debe poner nuevamente en escena la situación crítica del sistema universitario nacional, ya no solamente por el incumplimiento de la Ley sino también por lo que supone el proyecto de Presupuesto 2027”, sostuvo Conadu.
Las universidades y gremios del sector estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Gobierno ofreció 3% en la última paritaria, días atrás, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre.
La Ley de Financiamiento se sancionó en 2025 en el Congreso, pero Javier Milei ejerció la facultad del veto presidencial. La norma volvió al Parlamento, donde, en un hecho inédito, fue insistida por dos tercios de los votos en cada Cámara.
El último paso fue en el Senado, el 2 de octubre de 2025, por mayoría aplastante: 58 votos a favor, contra 7 de los mileístas.
Pero el Ejecutivo promulgó la ley, dejándola al mismo tiempo suspendida en su aplicación, al aducir no tener especificadas las fuentes de financiamiento. Allí fue que las Universidades iniciaron la demanda en la Justicia.
La medida cautelar del mismo juez federal Cormick, de diciembre pasado, tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado.
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