La crítica situación financiera del PAMI obligó al Gobierno a anunciar una inyección de emergencia de $580.000 millones para evitar el colapso del sistema de salud de los jubilados. El aporte, catalogado como "reintegrable", busca saldar las deudas pendientes con prestadores privados y garantizar la continuidad de los servicios médicos.
La medida, formalizada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, se financiará mediante la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro capitalizables (Lecaps) con vencimientos escalonados entre julio y septiembre de 2026. En términos simples: el Estado tomará más deuda para rescatar al PAMI.
La obra social más grande de América Latina, que atiende a 5.405.216 afiliados incluyendo veteranos de Malvinas, venía acumulando una deuda flotante que llevó a varios prestadores privados a restringir servicios o exigir mayores copagos a los pacientes. Una situación que golpea directamente a los jubilados porteños y del conurbano, quienes dependen de estos servicios para su atención médica.
Según la consultora Outlier, en el primer cuatrimestre las transferencias corrientes del sector público al PAMI cayeron un 10,5% real anual, generando la acumulación de deuda flotante que desembocó en esta crisis. Los números son elocuentes: el sector privado estima que Economía le debe al PAMI unos US$1.000 millones, equivalentes a $1,40 billones o casi el 14% del presupuesto del organismo para 2026.
El esquema de rescate distribuye el financiamiento en tres tramos: 33% con vencimiento el 31 de julio, otro 33% al 31 de agosto y el 34% restante el 30 de septiembre. Las letras serán entregadas al PAMI a valor técnico calculado al 18 de mayo, dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto 2026.
Este mecanismo no es nuevo en la gestión libertaria. Ya se había aplicado a principios de 2024 para solucionar la deuda flotante acumulada con generadoras eléctricas, evidenciando un patrón recurrente de crisis de liquidez en organismos estatales clave.
Para los afiliados del AMBA, esta medida representa un alivio temporal pero expone la fragilidad estructural del sistema. El PAMI, con un presupuesto de $10,17 billones para 2026, se financia en un 80% con recursos operativos y un 20% con aportes del Tesoro Nacional, una estructura que evidentemente no está funcionando.
La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero", pero la pregunta que surge es si el Estado tendrá la capacidad fiscal para cumplir con estos compromisos sin comprometer el equilibrio fiscal que tanto defiende la administración Milei.
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