Con un aporte de $80.000 millones de las propias Fuerzas Armadas, la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) busca superar la crisis que dejó sin atención médica a miles de militares y sus familias en todo el país. La entidad, operativa desde el 1° de abril, avanza en regularizar pagos a prestadores tras un año prácticamente sin cobrar.
Según fuentes oficiales consultadas por este medio, OSFA está en proceso de normalización después del colapso de su antecesora IOSFA, que había dejado sin cobertura médica a provincias enteras. El Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes.
Sin embargo, la situación financiera sigue siendo crítica. La deuda total asciende a $300.000 millones, y las Fuerzas Armadas esperan ansiosamente el aporte comprometido por Gendarmería y Prefectura por unos $150.000 millones, equivalente al 60% de la deuda de la "IOSFA residual".
"Se resisten a poner la guita. Gendarmería debe más que el propio Ejército", protestó una fuente militar consultada. Esta tensión surge porque, según el decreto 88/2026 del presidente Javier Milei, Gendarmería y Prefectura tendrán por separado la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).
La crisis de la obra social se ubica entre las principales preocupaciones de la "familia militar", junto con los magros salarios que ubican entre el 60% y 80% de los militares por debajo de la línea de pobreza. La ex IOSFA era una de las obras sociales más grandes del país con 550.000 afiliados, mientras que la nueva OSFA queda con unos 347.000 afiliados.
El actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, asumió en diciembre pasado y nombró como presidente de OSFA al general de brigada (R) Sergio Maldonado. La deuda creció a ritmo de $15.000 millones mensuales desde fines de 2023, atribuida a la disparada de costos de medicamentos y bajos aportes.
Aunque el salvataje es bienvenido, se cuestiona que no hubo aportes del Tesoro —el ministro Luis Caputo los negó— y las fuerzas deben usar recursos de partidas propias que tenían otro destino. La "IOSFA residual" tiene un año de plazo para completar toda la transición, según establece el decreto presidencial.
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