La Fundación CIGESAR, con sede en Palermo, rompió el silencio sobre su participación en el aborto practicado a una niña de 12 años víctima de violación en la clínica Santa María de Villa Ballester, donde el sábado pasado se hallaron ocho fetos durante un allanamiento judicial.
A través de un comunicado publicado en la entrada del centro médico, la ONG confirmó que mantiene un convenio de alquiler de instalaciones con la clínica para realizar prácticas quirúrgicas. El texto, firmado por Damián Levy, director y presidente de CIGESAR, está fechado el lunes pasado.
"La atención brindada" a la menor, practicada el 24 de abril, se encuentra en el marco de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según detalla el comunicado. Levy aseguró que "todas las prácticas" se realizan "dentro del marco legal vigente".
El médico explicó que las autoridades intervinieron para preservar "material genético necesario" para la investigación de la violación y que la "filtración de información" generó "interpretaciones erróneas". La fecha mencionada coincide con la historia clínica incautada por la Policía Bonaerense en el lugar.
Según la investigación, la fundación habría pagado el traslado de la menor y su madre desde Monte Quemado, Santiago del Estero, hasta Buenos Aires, y gestionó que el aborto fuera practicado en la clínica de Villa Ballester, en el norte del Gran Buenos Aires.
El allanamiento se produjo por pedido del fiscal Santiago Bridoux, quien investiga la violación en Santiago del Estero y necesitaba asegurar una muestra de ADN del feto para acusar a dos sospechosos que permanecen prófugos. Bridoux se enteró de manera extraoficial el martes pasado sobre la participación de la ONG.
La UFI N°14 de San Martín investiga posibles irregularidades en la realización de abortos en la clínica, mientras que el juez federal Juan Manuel Culotta analiza un posible caso de trata de personas, en caso de que algún feto haya nacido vivo para ser entregado o vendido.
CIGESAR, radicada en Palermo, se dedica a la salud reproductiva, facilita el acceso a abortos y dicta cursos de educación sexual. Su nombre había sido entregado a la Policía Bonaerense por sus pares de Santiago del Estero y llegó también al expediente federal.
Las pericias de ADN a los fetos encontrados serán clave: si uno da positivo con vínculo a la niña, la causa por trata será cerrada. Mientras tanto, los dos sospechosos del caso continúan prófugos, siendo el principal acusado un familiar directo de la víctima.
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