En una decisión que genera suspicacias por su timing, la Oficina Anticorrupción extendió dos meses el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. El vencimiento se corrió del 31 de mayo al 31 de julio, justo cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la investigación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución fue firmada por Gabriela Carmen Zangaro, quien asumió la conducción de la OA hace menos de un mes por sugerencia del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. La Resolución 3/2026 prorroga el plazo para las declaraciones correspondientes a todo 2025, argumentando la necesidad de adecuarse a los vencimientos fiscales de ARCA.
El organismo justificó la medida explicando que las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales vencen en la primera quincena de junio, por lo que resulta necesario dar un "plazo factible" a los funcionarios para completar la información patrimonial. Sin embargo, la extensión coincide con el momento más álgido de las investigaciones judiciales contra Adorni.
La Fiscalía Federal detectó movimientos sospechosos por 95.740 dólares en poco más de un año. Los fondos se utilizaron para la compra de tres propiedades por 80.000 dólares en efectivo y para costear 17 viajes al exterior, incluyendo vuelos privados a Punta del Este, Nueva York y Aruba junto a su esposa Bettina Angeletti.
Entre los gastos más llamativos figuran los 4.800 dólares del vuelo privado a Punta del Este, los 5.140 dólares del regreso desde Nueva York y los 5.800 dólares en efectivo para el viaje a Aruba del 29 de diciembre de 2024. La Justicia busca determinar si estos fondos están debidamente justificados en la declaración jurada que Adorni presentó ante la OA a mediados de 2025.
El fiscal Pollicita también requirió información sobre una presunta herencia del padre del jefe de Gabinete y analiza los detalles de cada viaje realizado. La investigación se centra en la falta de transferencias bancarias que respalden los pagos en efectivo detectados.
Para el peronismo porteño, esta prórroga no es casual. La extensión del plazo beneficia directamente a funcionarios bajo investigación, permitiéndoles ganar tiempo mientras se define su situación judicial. Es una muestra más de cómo el aparato estatal se acomoda para proteger a los propios, mientras se persigue judicialmente a dirigentes populares por causas mucho menos graves.
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