Las universidades públicas del país se preparan para una nueva movilización masiva el próximo martes 12 de mayo, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión de Javier Milei. La convocatoria busca presionar al Gobierno nacional para que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) impulsan movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia Plaza de Mayo.
Los números que exponen las organizaciones universitarias son contundentes: las transferencias de fondos cayeron un 45,6% desde 2023, mientras que la pérdida salarial de docentes y no docentes ronda el 40% en el mismo período. Esta situación afecta directamente a las universidades del área metropolitana, incluyendo la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de La Plata.
El conflicto se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Justicia exigió al Gobierno el "cumplimiento inmediato" de los artículos 5 y 6 de esa norma, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles.
Sin embargo, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos, en una nueva maniobra del Ejecutivo para evitar aplicar la ley universitaria.
"Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen", señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones convocantes. También reclamaron la convocatoria a paritarias, ya que desde 2024 todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por "insuficientes".
Las diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo son significativas en materia salarial. Mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece apenas un 12,3% en tres cuotas distribuidas en marzo, julio y septiembre. Esta propuesta resulta insuficiente considerando que el Banco Central estima una inflación del 29% para este año.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, planteó que "lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas". Los sueldos de docentes y no docentes representan el 90% del presupuesto universitario.
El dirigente universitario agregó: "Todos somos conscientes de la situación económica del país y de que hay muchos sectores que la están pasando muy mal. Pero sí estamos reclamando un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales que la Argentina necesita".
La marcha del 12 de mayo se produce en un contexto de creciente tensión entre el sector universitario y el Gobierno nacional, que ha mantenido una política de ajuste en el financiamiento educativo como parte de su plan de equilibrio fiscal.
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